La tecnología, una GRAN HERRAMIENTA en la lucha CONTRA la CORRUPCIÓN
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25/10/2015 00:00
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Actualizado: 31/3/2022 13:40
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Javier Puyol, abogado y socio de Ecix Group
“El problema de lo público es que los ciudadanos piensan que es gratis y los políticos que es suyo”. Esta especie de aforismo fácil que circula por la Red nos sirve para mostrar los grandes límites culturales para actuar en el sector público, y obviamente como muestra del alcance que hoy en día tiene la corrupción, incluso mediante el uso de medios virtuales, como puede ser Internet.
Durante las últimas décadas, para Criado y Corojan, la revolución tecnológica se ha construido como un nuevo paradigma la informatización de la sociedad con un carácter distintivo al tradicional (Welp, 2007; Hood y Margetts, 2007).
Ello nos ha convertido en testigos del proceso de transformación del sector público en el motor de cambio e innovación tecnológica (Criado, 2001) y en un usuario de Internet y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Al mismo tiempo, ha generado un cambio en los objetivos de las administraciones publicas que se han enfocado hacia la reorganización interna teniendo como referente al ciudadano-ciudadano- cliente(Hughes, 2003). De esta manera, las TIC representan un nuevo elemento que ostentan los gobiernos de las sociedades democráticas para acercarse a los ciudadanos e intentar resolver los habituales problemas o controversias entre el gobierno y la ciudadanía (Criado, 2009).
Por ello puede afirmarse que en las últimas décadas, con la revolución de las nuevas tecnologías sobre todo el Internet, el eGobierno se ha transformado en imprescindible de cara no solamente a la gestión interna de las Administraciones Publicas, sino como una nueva herramienta para el fortalecimiento de los valores y el sistema democrático.
El concepto de corrupción, según señalan diversos autores, puede ser definido como un conjunto de modalidades delictivas mediante el cual se obtienen beneficios indebidos violando la ley y menoscabando los derechos de los semejantes, y que corroe los principios eticos de la sociedad que la acepta.
Se convierte, en algunos casos, en un mecanismo de defensa, para sobrevivir en un medio social deshonesto e insolidario.
Por ello, es importante traer a colación la interrelación existente entre desarrollo económico, buen gobierno y erradicación de la corrupción. En este sentido, se puede afirmar que el buen gobierno es fundamental para todos los países del mundo hoy en día, tal como señala Jim Yong Kim.
Cuando no existe, muchos Gobiernos no están en condiciones de entregar servicios públicos con eficacia; la salud y la educación son a menudo de baja calidad; la corrupción persiste por igual en los países ricos y pobres, frenando las oportunidades y el crecimiento. Será difícil reducir la pobreza —y mucho más, terminarla— si no se aborda la importancia que tiene el buen gobierno.
El buen gobierno es esencial para terminar con la pobreza.
Si se cuenta con una mayor transparencia y rendición de cuentas, los ciudadanos pueden disfrutar de servicios de salud y educación más eficaces, y además un sector privado dinámico puede crear buenos empleos que permitan ayudar a millones de personas a salir de la pobreza.
Pero esto no es una situación imposible.
De hecho, una nueva ola de avances en esta materia sugiere que estamos en el umbral de una era de transformación. En la actualidad, los países están aprovechando algunas de las fuerzas más poderosas en el mundo para mejorar los servicios y aumentar la transparencia.
Estas fuerzas incluyen la difusión de las tecnologías de la información y su convergencia con movimientos de base para lograr mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En algunos lugares, esta confluencia está facilitando que los Gobiernos obtengan mejores resultados y sean más responsables.
Para Vicente Fox Hay que trabajar mucho con tecnología.
La tecnología es un sustituto de la, a veces, falta de calidad moral y ética de las personas. Una máquina no es sobornable.
En este sentido, ha señalado Sarah Dickson que en los últimos años se han implementado mecanismos con estándares internacionales para mejorar la rendición de cuentas, pero también ha habido problemas como la limitación de recursos en términos de inversión para mantener estos sistemas.
También se debe animar más la voluntad de las autoridades y de la sociedad civil, porque las instituciones públicas tienen la obligación de promover una cultura de transparencia.
Por ello, debe insistir en la necesidad de impulsar cuanto antes una “inclusión tecnológica” de diversos sectores en este tema, pues no basta con que todos sepan cuáles son los procedimientos de participación hacia una mejor transparencia, sino usar estas herramientas y todo esto toma su tiempo para cada día hacerlo mejor.
Debe tenerse en cuenta que la adopción de las nuevas tecnologías permite reconocer una realidad a la que no se tiene acceso con los medios convencionales. Ello exige que se haga uso de ella para el beneficio de la sociedad, organizar, crear aplicaciones, políticas públicas, privilegiar la difusión de determinados hechos para inhibir la comisión de delitos, entre ellos, la corrupción, que es el origen de la gran mayoría de ellos.
El combate contra la corrupción en la actualidad incluye múltiples formas y mecanismos de investigación y detección, y se apoya en novedosos recursos tecnológicos que pueden facilitar diversas acciones a realizar.
Así Zapata señala que es necesario considerar que la materialización de prácticas corruptas se hace propicia en un ambiente de secretismo, donde se evita la generación de rastros, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) genera oportunidades para la identificación de indicios de corrupción a través de un oportuno acceso a la información.
Por ello se demanda la existencia y la necesidad de mecanismos y prácticas que permitan acciones efectivas de monitoreo, investigación y detección.
Para este objetivo, constituyen elementos esenciales un acceso oportuno a la información, acompañado del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y una estrecha cooperación interinstitucional.
El combate a la corrupción debe ser una política pública en todos los niveles de gobierno por debe recordarse que la tecnología está democratizando el desarrollo, mejorando enormemente la manera en que la información y los servicios clave pueden llegar a los ciudadanos.
Y es que de hecho las TIC deberían ser el punto clave donde se asentara la exigencia de la transparencia política a cualquier cargo público.
Y es que se quiera o no, uno de los métodos de comunicación más usados hoy en día es el e-mail. Gracias a la expansión de Internet y al uso de los dispositivos móviles, el correo electrónico se ha instalado como parte imprescindible de nuestro día a día.
Paredes Cortés ha indicado que el manejo y administración de las TIC’s puede hacer que sea más fácil comprender por qué y a quién hacer responsable en la administración pública, la utilización de todo el potencial que ofrece la tecnología moderna puede ayudar a aprovechar la transparencia y el control interno.
Aunque la tecnología puede ser una herramienta eficaz para la transparencia, también se tiene que estar atento al crecimiento exponencial de la delincuencia cibernética, aquellos llamadas expertos en la operación de bases de datos o cambio internos a sistemas, que colaboran en las corruptelas internos vía maneja directo a bases de datos para mantener un puesto en la organización.
Hay que recordar que los delincuentes les resulta mucho más fácil cometer crímenes en la oscuridad o solapados por funcionarios que gozan de cierto poder temporal.
Se hace preciso educar a las futuras generaciones con el fin de que no se corrompan, y para ello hay que fomentar todas aquellas iniciativas de gobierno abierto donde se utilice la tecnología como una herramienta para estar informados y preparados para la lucha contra la corrupción.
Dado el grandísimo desarrollo de Internet y el enorme ecosistema asociado, no se entiende todavía que no exista, según señala Angela Bernardo, una transparencia administrativa de todos los datos (incluyendo gastos e ingresos de las propias administraciones y cargos públicos), que fortalecerían sin dudas nuestro sistema democrático.
Los intentos existentes hasta el momento han sido en vano. Sin embargo, el acceso ilimitado, gratuito (y por vía telemática o personal) a cualquier información, documento o movimiento contable de cualquier administración pública, entidad o empresa (bien pública, bien participada por el sector público), debería ser una de las puntas de lanza de la regeneración democrática.
Medios, a día de hoy, no faltan. Se han presentado varios casos de la corrupción en España, que pueden observarse desde una perspectiva tecnológica. Sin duda, apoyar una democracia cada vez más fuerte tendrá que pasar por un sistema público cada vez más transparente, y en esto, también las nuevas tecnologías deberían jugar un papel trascendental.
A estos factores cabría añadir el sistema de contratación de los empleados públicos y la falta de indicadores para medir la productividad de los mismos. En España comienza a ser vital recuperar la confianza de la ciudadanía en sus políticos mejorando la percepción de los mismos, o la brecha de animadversión alcanzará un punto de no retorno.
Como medidas contra la corrupción sabemos que se pueden emplear tanto medidas políticas como tecnológicas:
a). En cuanto a las medidas políticas, aquellas destinadas a favorecer la transparencia, la participación y la colaboración, pilares del nuevo paradigma del Open Government o Gobierno Abierto.
b). Respecto a las medidas tecnológicas, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tienen el potencial preciso para reducir la innecesaria intervención humana en los procesos de trabajo de la administración, reduciendo así la necesidad de vigilar los comportamientos corruptos, así como para mejorar la gestión pública mediante prestación de servicios públicos de mejor calidad con menos costes y tiempos de espera. Unas y otras medidas urgen a la ciudadanía, cada vez más movilizada y reclamando la búsqueda de soluciones a la pérdida de credibilidad de la clase política.
Complementariamente a ello, Augusto López-Claros ha afirmado que si las distorsiones creadas por los gobiernos ofrecen muchas oportunidades para la corrupción, el contacto frecuente y directo entre funcionarios y ciudadanos también puede facilitar las transacciones ilícitas.
Una forma de resolver este problema es recurrir a las tecnologías disponibles para promover una relación más distante entre los dos sectores; en este sentido, Internet es una herramienta eficaz para combatir la corrupción. En algunos países, el uso de las plataformas de Internet para las relaciones de la administración con la sociedad civil y el mundo empresarial ha prosperado, sobre todo, en las áreas del pago de impuestos, las adquisiciones públicas y los trámites burocráticos.
Quizá uno de los campos más fértiles para la corrupción en el mundo es el relacionado con las adquisiciones que hace el Estado. Las compras públicas de bienes y servicios pueden tener una dimensión importante, entre el 5 y el 10% del PIB en la mayoría de los países.
Como la concesión de contratos puede estar sujeta a cierto grado de discreción burocrática -y como la mayoría de los países tienen largos antecedentes históricos de sobornos, comisiones y connivencias en las ofertas públicas de adquisición- cada vez más Estados están escogiendo procedimientos que garantizan unos niveles apropiados de apertura, competencia, igualdad de oportunidades para los proveedores o claridad en las pujas.
En muchas de las medidas presentadas para combatir la corrupción, la filosofía central es la necesidad de eliminar la oportunidad para que haya corrupción a base de cambiar los incentivos, cerrar las lagunas legislativas y eliminar las normas mal concebidas que estimulan los comportamientos corruptos.
Pero una estrategia centrada en cambiar las normas y los incentivos, con castigos suficientemente severos para quienes cometan infracciones, será mucho más eficaz si va acompañada de esfuerzos para reforzar las bases éticas y morales de la conducta humana.
Y analizando el fenómeno de la corrupción, Jesús Lizcano ha indicado que en la mayor parte de los casos de corrupción hay dos partes: uno el corrupto, quien toma la decisión y aprovecha un cargo público en beneficio propio, y por otra parte, el que se aviene a ese acto corrupto y constituye su contraparte, pagando normalmente lo que le pide el corrupto.
Sin la existencia de uno de ellos, normalmente, no hay acto de corrupción, aunque en algunos casos el corrupto se beneficia sólo a sí mismo, de una decisión, por ejemplo de prevaricación, que en algunos casos no tiene contraparte.
Por ello, sin duda la mejor herramienta o antídoto para combatir la corrupción es la transparencia. Es muy importante que las instituciones públicas, políticas, etc., sean transparentes al máximo, dado que uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el “derecho a saber” y que, además, las instituciones públicas y políticas están financiadas con el dinero de los propios ciudadanos, por lo que es importante que éstos puedan conocer lo que se hace con sus aportaciones.
Así, es interesante cuestionarse si es cierta la afirmación que el Gobierno abierto favorece la probidad pública. Alorza afirma que los entornos transparentes desencadenan comportamientos más correctos, ante la expectativa de que otras personas puedan evaluar nuestros actos.
Existen múltiples ejemplos de esto. Mi favorito es seguramente aquella empresa que decidió, en lugar de limitar y controlar los gastos de viaje a sus empleados, simplemente publicar todos los justificantes en la intranet. Esta pequeña medida sirvió para que cada empleado optara por viajar en la clase turista y por no presentar facturas de cenas en restaurantes de lujo.
No sólo la transparencia, también la participación favorece los entornos éticos. Cuanto más presente está la ciudadanía en los asuntos públicos, es mayor el escrutinio y son más fuertes los incentivos para comportarse correctamente. Esto es especialmente cierto cuando se implica a la ciudadanía en la evaluación de los procesos y de los resultados de servicios y políticas públicas.
Por lo tanto, el gobierno abierto es el mejor compañero de la probidad pública. Sin embargo, por sí mismo no tiene el poder de prevenir la corrupción. La gran ironía es que la transparencia sólo funciona con las personas no corruptas. Establece un marco favorable para que la conducta sea más inteligente y más ética, pero sólo para las personas que quieren actuar de manera ética e inteligente.
La tecnología, consecuentemente con todo ello, está llamada a constituirse, si no lo es ya, una herramienta ciertamente poderosa para erradicar la corrupción, y para devolver la transparencia y el control de lo público de manera efectiva a los ciudadanos.
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