Limite de instrucción: Más obstáculos en la lucha contra la violencia de género

Hoy, con la espada ya a punto -si un milagro no lo remedia- de dejar caer su filo, compruebo que es algo que ha quedado eclipsado por la alarma que genera la corrupción.

Y es que a la hora de las prioridades, no siempre se pone este tema donde corresponde.

A nivel alerta máxima.

Y es que el tema de la violencia de género pasa a veces desapercibido. Incluso entre nuestros propios compañeros, hay un cierto resquemor y algunos lo miran casi como si fuera una jurisdicción de segunda división, muy alejada de los sesudos y complejos temas económicos y sus prolijas investigaciones.

Y no digo yo que, desde luego, no tengan tanta enjundia. Pero, como lo cortés no quita lo valiente, hay otros temas que también deben ser prioritarios. Porque aquí estamos manejando vidas humanas, vidas presentes, vidas pasadas -de mujeres que fueron asesinadas- y, lo que es casi más importante, vidas futuras.

Por eso, en cuanto empezó a perfilarse un horizonte de una instrucción limitada en el tiempo, me empezaron los sudores fríos.

Y hoy ya son helados.

Hasta con carámbanos.

Y tal vez, una vez expuesta la cuestión, este helor se extienda más allá.

Lo primero que hay que destacar es que la inmensa mayoría de asuntos relativos a la violencia de género no son susceptibles de entrar en la categoría de especial complejidad.

A priori, un delito contra la vida, la integridad, el honor, la libertad o la indemnidad sexual, cometido por una persona contra otra, ambas perfectamente identificadas, no entraña esa especial complejidad que prevé la ley para hacerle merecedor de la prórroga.

Lo que vulgarmente se llama -y perdóneseme la crudeza- delitos de sangre, sexo y vísceras.

El Derecho Penal de toda la vida que algunos consideran de sota, caballo y rey.

Y quizás ahí está el primer error.

Aparte de que el Derecho penal clásico, el de los asesinatos y violaciones, parece estar algo devaluado al lado de los grandes casos de corrupción que se nos han caído encima, cuando estos delitos se cometen en el ámbito de la violencia de género constituyen una realidad distinta.

Una realidad marcada por las dificultades probatorias derivadas de la especial vinculación entre víctima y agresor, con lazos de dependencia tan fuertes que hacen que se cuestione el testimonio de ella.

Y eso si lo hay, porque entre las multitudes de reformas con que nos han obsequiado nadie se ha planteado dar una vuelta a la dispensa a declarar, procedente de un precepto del siglo XIX, cuya reforma viene demandándose una año tras otro en la Memoria de la FGE y por un amplio sector de juristas y de ciudadanos.

Pero eso no urgía, al parecer.

Así las cosas, nadie ha tenido en cuenta que seis meses son a veces muy pocos para asegurar una prueba que nos es esquiva. Que se trata de delitos cometidos en la intimidad y en la mayoría de los casos con un único testigo, la propia víctima, que está amparada por la prerrogativa de poder echarse atrás en cualquier momento del proceso.

Y ello hace que haya que buscar por tierra, mar y aire cualquier otra prueba, por difícil que sea.

Compañeros de piso de la víctima, vecinos que pudieran haber escuchado algo, periciales psicológicas o biológicas y todo aquella que pueda ayudar a asegurar una condena incierta.

Porque siempre hay que tener presente que la víctima puede no declarar en el juicio y desmontar todo lo que había, y también que, aunque no lo haga, la confrontación de un testimonio contra otro da muchas veces lugar a absoluciones por falta de prueba.

Mientras todo eso ocurre, la víctima gozaba de una salvoconducto de tranquilidad en virtud de la orden de protección que se introdujo desde el año 2003 y que está amparando a miles de víctimas. Pero, si en esos seis meses de instrucción que nos impone la reforma no se ha acabado la investigación, la cosa puede cambiar.

Al tratarse de una medida cautelar directamente unida a un proceso penal, ésta debería cesar si la instrucción terminó por caducidad, y la mujer quedaría directamente desprotegida.

Otra opción sería archivar provisionalmente mientras se espera la práctica de la prueba, pero ello también debería conllevar la cesación de la orden, así que entramos en bucle.

Y la tercera vía sería la huida hacia adelante, esto es, acusar con lo que se tenga y arriesgarnos a una absolución más que probable. Lo que viene siendo escoger entre susto o muerte, ya que la fecha lo pide. Difícil disyuntiva.

Todavía hay más.

Con el temporizador de la reforma puesto en marcha, nos veremos obligados a utilizar el bisturí que desgaja las causas y tratar de asegurar una condena por un solo hecho, aunque sea más nimio, que por un maltrato habitual o por el dificilísimo de probar maltrato psicológico.

Un choque frontal con el espíritu de la ley integral, que, cuando previó que todas las causas relacionadas con la misma víctima se llevaran en el el mismo Juzgado pretendía atacar la raíz de estos fenómenos, y no diseccionarlos hasta perder la perspectiva global, como se hacía antes.

Así que, visto que solo en el caso de que se dependa de comisiones rogatorias o de pruebas complejas cabrá la prórroga, tal vez habrá que cruzar los dedos para que el testigo ilocalizable se haya marchado a Argentina en vez de a un pueble de Cuenca.

Porque de lo contrario, los seis meses caerán como una losa.

Y veremos qué pasa con todas las órdenes de protección que siguen subsistentes, y con las que vendrán.

¿Por qué no nos cuentan estos efectos de esa supuesta agilización de las causas?

La respuesta se la dejo a cada cual.

Y la opción de seguir protestando por ello, también.

Mientras, espero al menos haber transmitido ese helor del que hablaba al principio, y que me hace temblar solo con pensar en lo que viene.