Rodríguez Menéndez solicita que se investigue a un agente de movilidad en el “caso Esperanza Aguirre”
El abogado Rodríguez Menéndez ha retirado su personación como acusación popular en el caso contra Esperanza Aguirre y ha pedido al juez de instrucción que «abra diligencias de investigación contra el agente de movilidad que la denunció» por lesiones.
Según el letrado, «no existe base suficiente para imputar ningún delito ni falta a Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma en el procedimiento abierto» por un posible delito de desobediencia a la autoridad.
“La presente causa está condenada al fracaso ante la ausencia absoluta de indicios de criminalidad”. Así de tajante se muestra el Letrado respecto de la acusación contra la ex Presidenta de la CAM, al tiempo que solicita al órgano judicial que “ponga fin a la fase instructora o, al menos, excluya a Doña Esperanza Aguirre de toda responsabilidad”.
Rodríguez Menéndez basa su petición ante el titular del Juzgado de Instrucción número 14, Carlos Valle, en la declaración que hicieron los policias nacionales el pasado 17 de octubre ante su sustituto. Durante esa comparecencia, dichos agentes afirmaron que la denuncia se hizo «conforme a derecho» y que no les fue entregado ningún parte de lesiones. Ambos prestaban servicio en la Comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid, donde los agentes de movilidad, acudieron a poner la denuncia contra Esperanza Aguirre.
De acuerdo con los denunciantes, ellos presentaron un parte de lesiones con un certificado médico de la Mutua Asepeyo, que confirmaba una lesión muscular y que se produjo, según ellos, cuando la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó la Gran Vía.
En esto, las versiones también difieren incluso entre los que estuvieron presentes en el altercado que tuvo lugar en la Gran Vía el pasado 3 de abril: 5 agentes de movilidad y dos agentes municipales. Uno de dichos agentes afirmó ante el juez de instrucción que el agente de movilidad no pudo ser lesionado al encontrarse a una distancia prudencial del vehículo. Un hecho que corroboró después el médico forense del caso, en cuyo informe dijo que no podía «objetivar ningún tipo de lesión».
El letrado Rodríguez Menéndez entiende que «los indicios son claramente insuficientes para mantener una investigación penal» y pone en tela de juicio la veracidad de las declaracioens hechas por el agente de movilidad, Rafael Alarcón Morales, el supuesto lesionado. Para él solicita “»que se abran diligencias con el fin de averiguar si sus declaraciones constituyen infracción penal” a la vista de sus evidentes contradicciones con la declaración de los policías nacionales”
El planteamiento del conocido abogado se produce en la llamada fase de calificación, una vez terminada la instrucción del asunto, en la que todas las partes personadas tienen que fijar sus posiciones: fiscal, abogado defensor y acusaciones populares.
