Políticos y juristas insisten en la necesidad de que los fiscales asuman la instrucción
Representantes políticos del PP, el PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos y UPyD, jueces, abogados y fiscales han defendido este martes la necesidad -que algunos han calificado como urgente- de que la Fiscalía asuma la instrucción, como ocurre en todos los países del entorno europeo.
YOLANDA RODRÍGUEZ
En un ‘cara a cara’ entre profesionales de la Justicia y políticos organizado por Sociedad Civil por el Debate en el Club Siglo XXI, la gran mayoría de los participantes ha destacado la urgencia de avanzar en una reforma del Estatuto Fiscal que permita al Ministerio Público asumir el impulso de la investigación.
Uno de los más contundentes ha sido el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Manuel Maza que ha destacado que España es de los últimos países del mundo que mantiene la instrucción en manos de los jueces y que ha indicado que su opinión es compartida por una mayoría de jueces del alto tribunal.
Maza ha dicho que la Sala de lo Penal va a pedir en su carta a los Reyes Magos una reforma para alcanzar este objetivo y ha pedido a los «futuros gobernantes» que asuman esta función «como hombres y mujeres» de Estado. Sin embargo, ha insistido en que los «Pactos de Estado no sirvan para nada», hay que «ser eficaz».
José Manuel Maza, magistrado Tribunal Supremo, los pactos de Estado para la Justicia no han servido para nada. Hay que ser eficaz pic.twitter.com/nu2FNmZskj
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También son partidarios de atribuir a los fiscales la instrucción de las causas judiciales, actualmente competencia de los jueces, los portavoces de Justicia en el Congreso de los Diputados del PP y del PSOE, José Miguel Castillo y Soraya Rodríguez, respectivamente.
Castillo ha dicho que está de acuerdo en ampliar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir a los fiscales la instrucción de los procedimientos para que el modelo español se asimile a los de los otros países de la Unión Europea.
No obstante puntualizado que no se ha introducido en la última reforma ya que es complicado, pues requiere alejar cualquier duda que pueda haber en la ciudadanía de que afecta a la independencia de los fiscales, y habría que articular la nueva dependencia de la Policía Judicial y reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Por su parte, Soraya Rodríguez también ha anunciado que si el PSOE llega al Gobierno tras las elecciones de diciembre derogará la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), ya que a su juicio dicha limitación temporal de las instrucciones provocará la impunidad de graves delitos de corrupción.
A juicio de Rodríguez, sin un pacto de Estado o sin un consenso será imposible solucionar los problemas de la justicia y ha achacado los «graves errores» de las reformas de esta legislatura al hecho de que se han aprobado solo con los votos del PP.
El vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas ha criticado que «no puede ser que las leyes cambien en cada legislatura». Y por ello, ha abogado por un «Pacto de Estado para la Justicia»
Rodríguez Arribas: la justicia debe ser una cuestión de Estado y no se pueden cambiar las leyes de un año para otro pic.twitter.com/nYZsBafArb
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El vocal del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales Carlos García-Berro, partidario también de otorgar la instrucción a los fiscales, ha puntualizado que «no todo se arregla a golpe de Boletín General de Estado. Hacen falta nuevas normas, pero esas normas no pueden parchear lo que venimos aplicando desde hace 150 años en justicia penal». Y ha concluído que «el Ministerio Fiscal no tiene porque ser independiente pero sí tiene que ser autónomo».
Para el Magistrado de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, es necesario lograr «un plan integral para dar un servicio de calidad a los ciudadanos», que siga el espíritu de la «Carta de los Ciudadanos ante la justicia aprobada con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas».
También ha insistido en que «estamos ante una justicia colapsada». Y ha puntado que de «un total de 3.894 órganos judiciales que existen en España, casi el 45% tiene una carga de trabajo superior al 150 por ciento, según un informe del Consejo General del Poder Judicial».
Pese a que casi todos se muestran partidarios de atribuir la instrucción a los fiscales, también se ha insistido mucho en la necesididad de garantizar, al mismo tiempo, la independencia de los fiscales y en desarrollar y cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal y reforzar su autonomía.
TODOS CONTRA LAS LEYES DEL PP
En el debate, que ha sido moderado por Manuel Campo Vidal, se han abordado algunos de los problemas que afectan al mundo de la Justicia: la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los problemas del turno de oficio, la politización de la Justicia, así como una crítica generalizada de los partidos de la oposición a las leyes aprobadas por el PP durante esta legislatura.
En este sentido, la socialista Soraya Rodríguez, Enrique Santiago de IU, Andrés Herzog de UPyD y María Espinosa de Podemos han criticado duramente medidas como los plazos a la instrucción que impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Tasas y han anunciado que si pasan a formar parte del Gobierno, tras las elecciones del 20 de diciembre, las derogarán.
Soraya Rodríguez ha señalado que «han sido cuatro años muy malos para la Justicia Española» y ahora todas nuestra propuestas parten por «desandar el camino recorrido por el PP». Y ha concluído que «sin acuerdo y sin consenso es muy difícil poder abordar de forma responsable los retos de la justicia española».
Para Enrique Santiago de IU, ha insitido en asegurar que con «la cuarta parte del dinero que se ha gastado en rescatar a los bancos se había dejado matizada la Justicia. Sin ningún tipo de problemas».
El líder de UPyD, Andrés Herzog, ha destacado el compromiso de su partido por despolitizar la justicia y ha insistido en que su formación ha sido la única que ha renunciado a un puesto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Hablar es muy sencillo pero luego, cuando llega la hora de la verdad, renunciar a la cuota de poder que te corresponde como partido es bastante complicado».
Andrés Herzog, UPyD, es fundamental la despolitización de la Justicia, pero solo UPyD ha renunciado al reparto pic.twitter.com/j0bFEZcRar
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Y ha asegurado que despolitizar la justicia es un acto de voluntad política, ninguna Ley obliga a repartir las instituciones. «Está en juego el prestigio de nuestra justicia», ha señalado.
También ha reiterado el compromiso de su formación en «la lucha contra la corrupción política, que pasa por la incorporación de algunos delitos al Código Penal» y ha indicado que es necesario recoger «un delito de financiación ilegal de partidos políticos, como es debido, no el que se ha aprobado.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, que ha sido el primero de los ponentes en intervenir y el encargado de cerrar el acto, ha pedido a todos los asistentes «ponerse a la faena». Y ha señalado que «hay 40.000 compañeros y compañeras que defienden titánicamente el turno de oficio y tienn que soportar unas compensaciones absolutamente malas».
Carnicer ha asegurado que «nuestros denostados esfuerzos tienen poca trascendencia porque somos muchos y podemos poco», pero ha insistido en que los políticos y la sociedad civil tienen la posibilidad de cambiar el mundo.
No ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar «un recuerdo» a la Abogacía que está pendiente de una ley que acaba de presentarse, que es la Ley del Derecho de Defensa. «A estas alturas todavía no tenemos una Ley Orgánica que fije los extremos de la defensa en el proceso».
Carlos Carnicer: Todavía no tenemos una ley del derecho de defensa pic.twitter.com/VXPi7Akq5Y
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Por su parte, la abogada Silvia Hinojal, representante de GEMME España, ha apostado por la mediación aunque ha indicado que «estamos estancado con la Ley 5/2012». Y ha criticado la actitud del Gobierno que «ha incorporado la mediación en su discurso pero no en la práctica».
