OBJETIVO: QUITAR a José Manuel Sieira de la PRESIDENCIA de la SALA TERCERA
La operación está en marcha y el objetivo es muy claro: quitar a José Manuel Sieira de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y poner en su lugar a Luis Díez-Picazo.
Ayer, lunes, 29 de junio, se cerró el plazo para presentar las candidaturas a la Presidencia de la Sala Tercera, la más grande y numerosa del Tribunal Supremo, y también la más estratégica, pues es la que tiene que dirimir los litigios que se presentan contra la Administración y contra el Gobierno.
Como era de esperar, José Manuel Sieira presentó la documentación preceptiva, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para optar a la reelección.
También lo hicieron tres magistrados de su Sala: Eduardo Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Luis Díaz-Picazo.
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En condiciones normales, el criterio que se ha venido adoptando en el CGPJ, cuando el presidente saliente lo ha hecho bien y es su primer mandato, es la renovación.
En el caso de Sieira se dan las dos condiciones. El único impedimento que podría haber tenido es que se tenía que jubilar el 15 de diciembre de 2017, que es cuando cumplirá los setenta años, pero la reforma en curso en el Parlamento elevará a los 72 años la edad de jubilación final.
Sieira cumpliría el 90 por ciento de su segundo mandato, caso de ser reelegido.
El actual presidente sucedió a Ramón Trillo, un hombre que dejó profunda huella, en junio de 2010 y su gestión, en opinión de la mayor parte de sus compañeros de Sala, ha estado a la altura de lo que se esperaba de él.
Accedió, además, al puesto, siendo de tendencia progresista, con una gran mayoría del Pleno del CGPJ: 15 votos frente a 5 que obtuvo Ricardo Enríquez Sancho y 1 que salió en blanco.
Sin embargo, el presidente del órgano de autogobierno de los jueces, y presidente del Tribunal Supremo también, Carlos Lesmes, no quiere que Sieira retenga la Presidencia de la Sala por otros cinco años.
No goza de su confianza.
Con ese fin, por una parte, animó a “su candidato”, Luis Díez-Picazo, a presentar la candidatura en tiempo y forma. Díez-Picazo, de 57 años –tiene la misma edad que Lesmes-, lleva en la Sala desde 2008; apenas seis años.
Mientras, por otra parte, ha comenzado una campaña de presión sobre algunos de los vocales del CGPJ para convencerles de que tienen que votar a Díez-Picazo.
Lesmes no tiene el poder para nombrar, por sí mismo, a Díez-Picazo. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que debe hacerse por mayoría simple del Pleno del CGPJ, que está compuesto por veinte vocales y el presidente.
Según ha podido saber Confilegal, el presidente Lesmes se ha estado viendo con algunos vocales de los que no tiene el voto seguro, para “convencerles” de que el cambio es necesario
Cuando algunos de estos vocales le han preguntado que por qué, éste les ha contestado, de forma enigmática, que es “un tema de Estado”. Pero sin especificar la naturaleza de ese “tema de Estado”. Ni mucho menos si tiene que ver con Presidencia de Gobierno, con Vicepresidencia, con el Ministerio de Justicia o consigo mismo.
Lesmes necesita, al menos, 11 votos. No quiere que le vuelva a ocurrir como con Manuel Marchena, cuando fue elegido presidente de la Sala Segunda. Él apoyaba a Miguel Colmenero, su candidato, al que no pudo sacar.
Por eso se está ejercitando a fondo con sus dotes de persuasión.
EL CASO DEL KAMIKAZE
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo son “vox populi” dos cosas: que Sieira es un buen presidente y que entre Lesmes y Sieira no hay química personal.
El desencuentro, según ha podido saber Confilegal, se remonta al conocido caso del kamikaze que en 2003 provocó la muerte del joven José Alfredo Dolz en la autopista AP-7 y que el Consejo de Ministros indultó en 2012 a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El kamikaze, Ramón Ríos Salgado, salió de prisión, donde había permanecido apenas 9 meses de una pena de 13 años, que le fue conmutada por una multa de 4.380 euros.
La familia recurrió el indulto ante el Tribunal Supremo y Carlos Lesmes, entonces magistrado de la Sala Tercera y persona muy cercana a Ruiz Gallardón, asumió la ponencia del caso.
El actual presidente del Tribunal Supremo se alineó con la decisión del ministro de Justicia y propuso que se ratificara el indulto.
La medida de gracia se había adoptado pese a la oposición de la Fiscalía y del tribunal sentenciador de la Audiencia Provincial de Valencia.
Más tarde se supo que el indulto se había gestionado desde el despacho de abogados de Uría y Menéndez y que el letrado encargado de su tramitación había sido Esteban Astarloa, hermano del exsubsecretario de Justicia y diputado del Partido Popular, Ignacio Astarloa.
El escándalo fue mayúsculo cuando se supo que en ese mismo bufete trabajaba José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los hijos del ministro de Justicia.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por sus 33 miembros y presidido por Sieira, tumbaron la propuesta de Lesmes y anularon el indulto, contenido en el Real Decreto correspondiente.
Según la sentencia, que redactó otro ponente, el citado Real Decreto no señaló “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” exigidas por el legislador.
El desenlace fue un revés personal para Lesmes en un momento en el que su candidatura a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo pendía de un hilo.
Sin duda, la decisión de Sieira de llevar el caso del indulto al Pleno de la Sala, en vez de resolverlo en su sección, que era lo más adecuado, desde su punto de vista, puso seriamente en peligro sus aspiraciones. Así lo vio él.
Para Lesmes, Díez-Picazo, aún adoleciendo de la eficacia contrastada de Sieira, cuenta con toda su confianza personal e ideológica.
Por eso, está echando el resto, para sacar su candidatura adelante con todos los argumentos posibles.
Díez-Picazo ingresó en la judicatura en 1990 por el turno de juristas de reconocida competencia. Fue letrado del Ministerio de Justicia entre 1983 y 1984 y profesor de la Escuela Judicial, de 1998 a 1999. También fue profesor y después catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga y en la de Castilla-La Mancha.
De los otros dos aspirantes, Jorge Rodríguez-Zapata, de 67 años, tiene más curriculum que Díez-Picazo. Es presidente de la Sección Séptima de la Sala y magistrado de la misma desde 1991. Entre 2002 y 2011 fue magistrado del Tribunal Constitucional.
Eduardo Calvo, de 58 años, por su parte, es magistrado de la Sala Tercera desde 2000. Ingresó en la Judicatura en 1982 por oposición.
LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y EL PLENO
Los cuatro candidatos tienen que someter su programa personal para la Sala ante la Comisión Permanente, que ha asumido las funciones de Comisión de Calificación, la cual elaborará una terna con los candidatos que considere más oportunos para que el Pleno del próximo 22 de julio elija al que será el próximo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por un periodo de 5 años.
