MANOS LIMPIAS SE QUERELLA contra el FISCAL JEFE DE TALAVERA, una MAGISTRADA y su MARIDO ABOGADO
Tal como anunció Manos Limpias, se ha querellado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) contra el fiscal jefe de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz, la magistrada Cristina Peño y su marido, el abogado Santiago Ramos, por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
La querella, según explica Manos Limpias en el texto, se ha presentado ante el TSJ-CLM al ser aforados dos de los querellados: el fiscal jefe y la magistrada del Juzgado de lo Penal 3 de Toledo con sede en Talavera.
Según el sindicato, era un “hecho notorio” la existencia de un “entramado de corrupción” en el seno de los Juzgados de Talavera de la Reina y específicamente en las actuaciones “siempre polémicas del fiscal jefe de esa adscripción, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tratando de encubrir su ‘participación’ en los hechos delictivos” mencionados.
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Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias.
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La querella de Manos Limpias, que ha elaborado la letrada Teresa Bueyes, nace de la denuncia presentada el pasado 5 de junio por el juez decano de esa ciudad, Fernando Presencia -titular también del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2-, ante la Fiscalía Anticorrupción.
Según el magistrado, el “entramado de corrupción” descubierto había producido un estado de acoso contra su persona y su pareja que estaba impidiendo el desarrollo de su trabajo.
Un “entramado” que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pepino, localidad lindante con Talavera de la Reina, Francisco Sánchez Gil calificó públicamente de “pelotazo urbanístico”, de lo que quedó constancia en el diario ABC del 25 de mayo de 2007.
“Según hemos tenido conocimiento nosotros –dice la querella de Manos Limpias-, Hervasan Arquitectura y Construcción, S.L., se constituyó el 11 de mayo de 2005, siendo administrador único efectivamente el arquitecto Ángel Valero Sánchez (amigo de Ángel Demetrio), con la finalidad de comprar los terrenos del ‘GranChaparral (2ª fase)’, participando en un ‘sospechoso’ concurso público en sociedad con otras dos personas más”.
Una de esas dos personas era el subinspector de Hacienda, Ignacio Sosa, también, al parecer, amigo del fiscal jefe.
Todos ellos fueron finalmente querellados en el procedimiento que luego se siguió “por el delito de estafa”, que interpusieron los últimos adquirientes de las participaciones de Hervasan.
«Según se indica por los propios querellantes, en escritura pública, adquirieron terreno para construir viviendas de renta libre y descubrieron después que en realidad sólo se podía construir viviendas de protección oficial», avanza el texto de Manos Limpias.
«En las referidas Diligencias Previas 45/2.014 actúa personalmente como fiscal, ¡como no!, el ahora querellado Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y hemos sabido que, con ocasión de la celebración de una de las vistas señaladas en dicho procedimiento, manifestó públicamente su pretensión evidente de promover el archivo de las actuaciones. Y son los propios querellantes quienes afirman de contrario, también públicamente (y estarían dispuestos a declararlo con ocasión de la presente querella) que, cuando adquirieron las participaciones de Hervasan en el año 2007, los querellados en aquellas Diligencias Previas ya habían ‘segregado’ previamente la finca ‘prometida’ al fiscal Ángel Demetrio que por ello no fue incluida en la transacción», se puede leer en la querella de este sindicato.
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Sobre estas líneas, Teresa Bueyes, la abogada que ha elaborado la querella de Manos Limpias.
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«Sigue diciendo el Juez Decano en su escrito de denuncia que -añade la querella- la licencia municipal de obras para la ejecución de viviendas unifamiliares, que ni siquiera eran de protección oficial, en la Urbanización “El Gran Chaparral 2ª Fase”, fue concedida ilegalmente por el Alcalde de Pepino bajo la sospecha de ‘sobornos’ (lo que como ya hemos visto fue denunciado también en el año 2007 por el candidato del PP a la Alcaldía de Pepino), sin haber sido objeto de urbanización en su totalidad, y en contra de la prohibición ordenada por la Confederación Hidrográfica del Tajo», sigue diciendo la querella de Manos Limpias.
NO SE PODÍA CONSTRUIR
«Hemos localizado y aportamos como documento adjunto a la presente querella la orden dada por la Confederación Hidrográfica del Tajo al Servicio de Guardería Fluvial para que se procediera a denunciar a la Constructora por la construcción de viviendas unifamiliares en zona de policía del Arroyo de la Fuente o Berrenchín, por no haber dispuesto nunca de la autorización administrativa de ese organismo. Lo más alarmante de todo es que la referida prohibición, hoy en día, ¡sigue en vigor!, y todavía ¡NO SE PUEDE CONSTRUIR!».
«Sigue diciendo el Decano en su denuncia que, practicadas las diligencias que el Juzgado consideró convenientes, el Fiscal Ángel Demetrio interesó el Archivo del procedimiento (las D.P.334/2004, tramitadas en el Juzgado del que luego fue titular el actual Decano, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 641.1 Lecrim, por considerar (entendemos que en contra de toda lógica jurídica) ¡que no existía una infracción urbanística grave!; lo que finalmente fue acordado por Auto de fecha 28 de abril de 2.005″.
«Sin embargo, ocultó maliciosamente el Fiscal ANGEL DEMETRIO que él estaba interesado en una de las parcelas afectadas por la zona de Policía del Arroyo (se la habían ‘prometido’ a cambio de sus ‘servicios’), y por tanto, él iba a ser uno de los afectados por la prohibición acordada por la Confederación Hidrográfica del Tajo para construir en dicha zona; lo que consiguió eludir mediante una impostura de neutralidad e imparcialidad en su informe que no era cierta, pues era parte interesada en los graves hechos delictivos que se estaban denunciando, incumpliendo por tanto la obligación que tenía de abstenerse en la emisión del informe evacuado en las Diligencias Previas en curso, siendo que además prevaricó en el contenido propio del mismo informe, pues en su motivación prescindió de narrar lo que era el motivo fundamental de la denuncia interpuesta, omitiendo decir que las licencias de obras se concedieron para construir en ZONA DE POLICÍA DE UN LECHO FLUVIAL EN CONTRA DE LA PROHIBICIÓN ORDENADA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, lo que evidentemente es una infracción urbanística muy grave, que se ha perpetuado en el tiempo», continúa la querella.
«De hecho, y como puede comprobarse de la documentación aportada adjunto al presente escrito de querella, el CHALET propiedad del Fiscal ANGEL DEMETRIO está construido DENTRO MISMO DEL LECHO FLUVIAL, EN CONTRA DE LA PROHIBICIÓN ORDENADA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, y además proviene del PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO, con lo que tiene la obligación de sujetarse a algún tipo de régimen de protección pública».
«Sin embargo, según hemos podido averiguar, la vivienda de ANGEL DEMETRIO tiene una superficie construida de 466 metros cuadrados, lo que excede en más de un triplo la superficie construida permitida a las viviendas de protección oficial, que suele ser de 140 metros cuadrados, dependiendo del régimen al que se adscriba. Además, tuvo que construir UN MURO DE HORMIGÓN DE CONTENCIÓN DE AGUAS PARA EVITAR QUE EL ARROYO SE INTRODUJERA EN SU VIVIENDA (según se puede apreciar con claridad en las distintas fotografías, tomadas cada cierto tiempo, acompañadas al presente escrito de querella y que evidencian que la construcción de la misma terminó hace MENOS DE CINCO AÑOS). Todo ello según consta en el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Pepino en relación a la vivienda del propio ANGEL DEMETRIO, a instancia de la JCCM y la CHT, y que por circunstancias que desconocemos, aunque intuimos, lleva ¡años! “paralizado”, continúa el texto relatando.
SOBORNO
Según Manos Limpias, el fiscal jefe de Talavera de la Reina, De la Cruz, «admitió un soborno en forma de ‘promesa’ para la adquisición de la parcela que luego fue puesta a su nombe a cambio de su participación esencial en la impunidad y visabilidad jurídica del ‘pelotazo urbanístico’ del que, al menos parcialmente se aprovechó», por lo que pudo haberse cometido un delito de cohecho.
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La casa del fiscal jefe en Pepino, sobre estas líneas, localidad cercana a Talavera de la Reina.
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Esta información, según Manos Limpias, consta en el expediente sancionador abierto por el Ayuntamieto de Pepino en relación con la vivienda del fiscal jefe, a instancia de la Junta de Castilla la Mancha y la Confederación Hidrográfica del Tajo y que lleva años paralizado.
Por eso el sindicato, que en este caso ejerce la acusación popular, considera que De la Cruz ha podido incurrir en un delito contra la ordenación del territorio.
PREVARICACIÓN
Por otra parte, Manos Limpias considera que el fiscal jefe también pudo haber cometido un delito de prevaricación al ocultar «maliciosamente en sus informes», en los que solicitaba el archivo de los distintos procedimientos seguidos como consecuencia del «pelotazo urbanístico», «que él estaba interesado en una de las parcelas afectadas por la zona de Policía del Arroyo (se la habían ‘prometido’ a cambio de sus ‘servicios’)».
Lo consiguió «eludir mediante una impostura de neutralidad e imparcialidad en su informe que no era cierta, pues era parte interesada en los graves hechos delictivos que se estaban denunciando, inclumpliendo por tanto la obligación que tenía de abstenerse en la emisión del informe evacuado en las diligencias previas en curso».
El sindicato Manos Limpias también considera que la magistrada Cristina Peño pudo haber prevaricado porque sabía «y consentía» que su marido, el abogado Santiago Ramos, también querellado, siguiera actuando en los Juzgados de Talavera a través de testaferros, «defendiendo a imputados o a perjudicados en procedimientos abiertos en el Juzgado del que ella era titular», «y con la connivencia de su íntimo amigo, el también querellado Ángel Demetrio».
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Fernando Presencia, el juez que «ha tirado de la manta» con su denuncia.
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La querella de Manos Limpias asume la visión del juez decano, de que tanto el fiscal jefe como la magistrada y su esposo trataron de «impedir y obstaculizar las investigaciones del juez decano con represalias, «ordenando injustamente que su mujer, por hechos derivados de un antiguo acccidente de tráfico -ocurrido nada menos que hace siete años- ¡fuera constituida en prisón! de manera inmediata».
De acuerdo con el sindicato querellante, los hechos relatados son también constitutivos de un delito de tráfico de influencias, aplicable a los tres querellados.
Manos Limpias solicita de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CLM, competente para conocer este caso -está presidida por Antonio Rouco, presidente de ese organismo- que se llame a declarar a los querellados y aporta toda la documentación precisa para sustentar sus alegaciones.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha la denuncia que el juez decano de Talavera de la Reina envió a la Fiscalía Anticorrupción el 5 de junio pasado. Previsiblemente, ambos asuntos terminarán fusionándose.
PARA SABER MÁS:
El JUEZ DECANO de Talavera de la Reina DENUNCIA AL FISCAL JEFE por PREVARICACIÓN y falsedad
EL JUEZ PRESENCIA se siente ACOSADO por investigar el asunto del FISCAL JEFE DE TALAVERA
