Madoff condenado en 7 meses a 150 años de cárcel en EE.UU.;  en España el caso Afinsa comenzará a ser juzgado nueve años después

Madoff condenado en 7 meses a 150 años de cárcel en EE.UU.; en España el caso Afinsa comenzará a ser juzgado nueve años después

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06/4/2015 00:00
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Actualizado: 06/4/2015 00:00
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Bernard Madoff, presidente de la firma de inversión que llevaba su nombre, fue detenido en diciembre de 2008 y condenado, en junio de 2009, a 150 años de prisión por una estafa piramidal en EE.UU. Un caso similar, en España, el Afinsa, comenzará a juzgarse en noviembre de este año tras nueve años de investigación. Son la cara y cruz de un sistema que funciona y otro que no.

La Audiencia Nacional iniciará el 19 de noviembre el juicio contra 14 directivos de la sociedad filatélica Afinsa acusados de causar un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.

Han sido necesarios 9 años para que la cúpula de la compañía se siente en el banquillo de los acusados del tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública en un juicio que se extenderá hasta enero de 2016, si bien el calendario de sesiones se concretará en función del desarrollo de la vista.

La estafa de Madoff consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o “esquema Ponzi”, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia: más de 68.000 millones de dólares.

Consistía en captar nuevos capitales con los que se iban pagando los altos intereses que prometía a sus clientes, sin invertir en nada.

De esa cantidad, alrededor de 3.500 millones de dólares, tenían procedencia española, concretamente de clientes de compañías de renombre dentro del área de gestión de patrimonios.

Madoff, que tenía fama de filántropo, engañó a entidades bancarias, a grupos inversores, aseguradoras, fondos de inversiones, fundaciones, organizaciones caritativas y personas físicas.

El juez del caso, Denny Chin, hizo una sentencia ejemplarizante al condenarle a la pena máxima: 150 años de cárcel por once delitos de fraude, lavado de dinero, perjurio y robo.

El juez Chin también ordenó el decomiso de 17.179 millones de dólares, que tenía en su poder, para resarcir a sus acreedores.

Además de Madoff, su hermano Peter fue condenado a 10 años de cárcel. 

La actuación de la Justicia estadounidense fue rápida y contundente. El mensaje que se envió a la sociedad norteamericana fue claro: el que la hace, la paga, no importa el dinero que tenga o lo poderoso que sea.

EL CASO ESPAÑOL

El sistema español no dispone de recursos que puedan acelerar el procedimiento de esa manera.

El juez instructor del caso, Santiago Pedraz, concluyó el pasado octubre la investigación iniciada en 2006.

Entonces ordenó el procesamiento del expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas y los directivos Albertino de Figueiredo Nascimento, Carlos de Figueiredo Escribá, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Francisco Blázquez, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler Antich, Juan Domingo Brualla y Jordi Domingo Brualla.

También procesó, como partícipes a título lucrativo, a otras seis personas: María del Mar Fernández Cerratos, Felisa Montoro Feijóo, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro.

El magistrado consideró que la actividad de Afinsa pudo ocasionar un perjuicio económico cuantificado en 1.928 millones de euros a través de la puesta en marcha de un negocio «ruinoso» e «inviable» creado mediante «una operativa piramidal».

Una operativa similar a la que había levantado Bernard Madoff en Estados Unidos durante más de veinte años.

La compañía española contaba en abril de 2006, momento en que se presentó la querella en su contra, con 190.022 clientes, y se encontraba «en una situación de absoluta insolvencia, conocida por los responsables, que, además, se esforzaron en ocultarlo para mantener la continuidad y el fraudulento negocio».

El magistrado reflejaba en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado por la Sala de lo Penal en octubre de 2014, el modus operandi de la compañía, que «carecía de sentido económico y de apoyo legal».

Durante toda la vida de la empresa, intervenida por orden judicial en mayo de 2006, sus administradores fueron conscientes de que, para mantener la actividad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización, decía.

APARIENCIA DE ACTIVIDAD ILÍCITA

Así, aseguraba que la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. «Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaron en la medida que se retribuía al ahorrador», dice el juez.

La insolvencia de la compañía, según el juez, se ocultaba a terceros mediante artificios contables avalados por el auditor.

Pese a sus pérdidas, Afinsa mantenía su actividad -reflejando beneficios en sus cuentas- gracias a que incrementaba de forma piramidal el capital invertido por los clientes y considerando que el capital nuevo que entraba cada año producía unos beneficios que no eran reales.

El daño patrimonial quedaba cuantificado en 1.928 millones de euros «por el importe de déficit patrimonial de la compañía», cantidad menor que la del pasivo exigible por los contratos de inversión en mayo de 2006, que alcanzó los 2.574 millones, debido a que esta última suma «se ve aminorada por los activos» de la empresa.

La Sección Tercera confirmó el procesamiento el pasado día 20, más de un año después de que fuera dictado, a pesar de constatar «la endeblez de algunos indicios» en que se sustentaba la imputación de algunos recurrentes. Señalaba que, aunque la «depuración última» de responsabilidades se producirá durante el juicio oral, el desarrollo histórico llevado a cabo por el juez instructor para «exteriorizar la presunta actividad comisiva» de los procesados es «totalmente adecuado y cabal».

En resumen. El caso Madoff tardó en juzgarse siete meses. El caso Forum Afinsa, comenzara a enjuiciarse después de nueve años. Lo que saldrá de ese proceso no será una sentencia firme. Para eso habrá que esperar dos años más, cuando el Tribunal Supremo decida. En total, once años.

Las comparaciones entre el sistema español y el estadounidense, no se aguantan. CONFILEGAL/EP.

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