LOS COLEGIOS DE ABOGADOS de Francia van a la HUELGA y NO ASEGURAN EL TURNO DE OFICIO
Pascal Eydoux, presidente del Consejo Nacional de Abogados, o CNB en francés (equivalente al Consejo General de la Abogacía española en Francia), ha hecho un llamamiento a los decanos de los 163 colegios de abogados de Francia para que no den curso al turno de oficio y suspendan la justicia gratuita. Es la respuesta frontal de los abogados contra los planes del Gobierno.
La decisión fue hecha pública la noche del pasado 9 de octubre, en la Casa de la Mutualidad, en París, tras la deliberación del CNB, en el curso del primer Congreso de Abogados.
Eydoux invitó a todos los decanos «a cesar desde este momento toda designación referente a la ayuda jurídica» y «a dejar de ofrecer los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de la ayuda jurídica», que es como llaman en Francia a la justicia gratuita que reciben todos los ciudadanos que ganen menos de 941 euros mensuales.
La decisión del CNB no tiene precedentes en Francia y cuenta con el apoyo expreso del Colegio de Abogados de París, el más grande y potente de Francia.
No es una huelga propiamente dicha del turno de oficio sino algo mucho más sutil y sofisticado.
Porque, de acuerdo con el anuncio de Eydoux, son los decanos los que van a desactivar la maquinaria al negarse a dar curso a las peticiones de los juzgados y responder con el silencio.
El colapso de la Justicia, por lo tanto, está servido.
La «rebelión» de los abogados franceses se produce por los planes del Ministerio de Justicia, cuyo titular, Christiane Taubira, tiene previsto que los colegios de abogados aporten, al presupuesto de esta cartera, 5 millones de euros en 2016 y 10 millones de euros en 2017.
Los colegios de abogados franceses, a diferencia de los españoles, tienen tres fuentes de financiación: las cuotas de sus miembros, lo que el Estado contribuye a la justicia gratuita y los intereses de las cuentas de consignación que, a diferencia de España -donde lo llevan los juzgados-, en Francia lo gestionan los propios colegios de abogados.
El Gobierno de François Hollande considera que estos colegios tienen que contribuir a la justicia gratuita con fondos procedentes de los intereses de las cuentas de consignación.
Una justicia gratuita cuyo valor no se ha actualizado desde 2007 y que oscila entre los 22 y los 25 euros; como en España, el valor remunerativo está totalmente desfasado.
Según Eydoux, la postura de los poderes públicos es «una burla» para los abogados.
Desde su punto de vista, es como pedir a los médicos que paguen la Seguridad Social.
Tanto la CNB, el Colegio de Abogados de París y la Conferencia de Presidentes se oponen a esta contribución porque consideran que los abogados ya participan en gran medida en el funcionamiento de la justicia grauita, un servicio que, desde su punto de vista, está muy mal pagado.
