Justicia destina 30 millones en reforzar los juzgados contra la corrupción
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha puesto de relieve que cerca de 30 millones de euros han ido a «reforzar los órganos jurisdiccionales que luchan especifícamente en materia de corrupción» y ha afirmado que la «música de fondo» de la legislatura está marcada por el «compromiso muy claro» del Gobierno contra este fenómeno.
Así lo ha remarcado en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 en el Senado, donde ha afirmado que el Gobierno está poniendo a disposición de los juzgados «todos» los refuerzos que se solicitan y además ha desarrollado varias leyes que mejoran el funcionamiento de las administraciones públicas e impulsan la acción del Ejecutivo contra la corrupción.
«Son normas que vienen siendo la música de fondo de esta legislatura y marcan un compromiso muy claro del Gobierno en esta materia», ha dicho Carmen Sánchez-Cortés, poco antes de indicar que también se está avanzando en materia de financiación de partidos políticos.
Así ha respondido al ser preguntada por el senador de IU Jesús Enrique Iglesias, que ha remarcado que los juzgados ganan «legitimidad social» no solo en las decisiones que han adoptado en materia económica, como las preferentes, sino también en su investigación contra la corrupción.
Sin embargo, tanto el senador del Grupo Mixto Iglesias como la senador del PSOE María de los Ángeles Marra han denunciado la falta de medios de los juzgados contra la corrupción al estar sobrecargados de trabajo y han recordado el manifiesto suscrito por cinco asociaciones de jueces y fiscales sobre esta «alarmante» situación.
Carga de trabajo
El Ministerio de Justicia ha apostado por medir el resultado del trabajo de los jueces, las sentencias que dictan y la labor que realizan los secretarios judiciales y el resto de funcionarios de los juzgados a la hora de definir la carga laboral que deben soportar los magistrados.
La ‘número dos’ de Justicia ha abogado por arbitrar un mecanismo de reparto entre los juzgados para aliviar la situación de «desigualdad», por la cual unos están sobrecargados y otros no llegan a la media. Por ello, ha apostado por reformas organizativas y por una gestión de medios más eficiente.
Para ella, «no se pueden tomar por igual parámetros como la pendencia o la entrada» y «hay que medir por el resultado, el número de sentencias que dictan» los magistrados, «prestar especial atención al módulo de entrada y discernir qué labor hacen los jueces, los secretarios judiciales y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia».
Sánchez-Cortés, que ha mostrado su «extrañeza» por que Jueces para la Democracia presentara la demanda por la sobrecarga de los trabajos sin hacer ninguna mención durante su reunión con el Ministerio, se ha referido también a la limitación del número de jueces sustitutos impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón.
Según ha dicho, en 2014 se efectuaron unos 6.500 llamamientos de jueces sustitutos y cerca de 450 de ellos trabajan diariamente en los juzgados. Un total de 13 millones de euros se ha destinado a esta partida.
