La JUSTICIA declara RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO al Arzobispado de Granada
Javier Martínez, arzobispo de Granada (EP)

La JUSTICIA declara RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO al Arzobispado de Granada

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09/9/2015 00:00
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Actualizado: 09/9/2015 00:00
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Antonio A. Moreno Marín, magistrado-juez del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, ha acordado declarar al Arzobispado de Granada como responsable civil subsidiario en el caso de los supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes a menores en el llamado «caso Romanones».

Así ha quedado establecido un auto en el que el magistrado considera que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada, cuyo titular, monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, ha sido ya informado. 

«Los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia de San Juan María de Vianney, actuando con prevalimiento y actuación coordinado del grupo de sacerdotes y laicos adultos sobre menores especialmente vulnerables, captados para y en la sede parroquial», dice el auto. 

El magistrado Moreno Marín considera que por todo ello, «por culpa in elligendo como in vigilando y por el lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual» se cumplen los requisitos que establece la sentencia del Tribunal Supremo 726/2004 de la Sala de lo Penal.  

El arzobispo de Granada -maximo representante de la Iglesia en esa zona-, según el juez del caso, «habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios y recomendados» por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal «para evitar unos hechos por parte de un grupo de sacerdotes». 

Moreno Marín hace referencia, en su auto, a la colaboración del Papa Francisco y de la Iglesia, en concreto, que entregó la documentación eclesiástica del caso obrante en su poder, sobre la que el arzobispo en un principio se mostró renuente a ceder. 

El juez cita, además, la Carta Circular-Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menroes por parte del clero en la que establece que «entre las importantes responsablidades del Obispo diocesadno para asegurar el bien común de los fieles y, especialmente, la protección de los niños y de los jóvenes, está el deber de dar una respusta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual de menores cometidos en su Diócesis por parte del clero».

«Las Líneas Guía preparadas por las Conferencias Episcopales buscan proteger a los menores y ayudar a las víctimas a encontrar apoyo y reconciliación. Deberán también indicar que la responsabilidad para tratar los casos de delitos de abuso sexual de menores por parte de clérigos, corresponde en primer lugar al Obispo Diocesano. Ellas servirán para dar unidad a la praxis de una misma Conferencia Episcopal ayudando a armonizar mejor los esfuerzos de cada Obispo para proteger a los menores. Roma, enla sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de mayo de 2011«, dice la mencionada carta.

La responsabilidad civil, la que pudiera haber, cae, por lo tanto, directamente sobre los hombros del arzobispo y del Arzobispado de Granada. 

Moreno Marín quién, además, es juez decano de los Juzgados de Granada, acordó en febrero pasado que la investigación judicial continuara sólo contra el padre Román porque consideró que los delitos contra los once imputados restantes habían prescrito. Tal decisión fue recurrida ante la Audiencia de Granada, que todavía debe pronunciarse para dar validez final a la decisión. 

La investigación judicial del caos comenzó cuando un denunciante, que ahora tiene 24 años, puso en conocimiento lo ocurrido ante la Fiscalía en octubre del año pasado tras recibir una llamada del Papa, al que le dirigió previamente una carta relatándole lo que había pasado en el tiempo en el que tenía entre 14 y 17 años. 

El Papa Francisco lo llamó personalmente y le pidió perdón. Luego le aconsejó que que denunciara ante la justicia. 

Inicialmente fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, con diferentes grados de supuesta autoría, a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento. 

 

 

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