Una jueza denuncia a la secretaria judicial por incompatibilidades y termina denunciada, a su vez, por acoso
La jueza Tárrega denunció a la secretaria judicial interina de su Juzgado por supuestas incompatibilidades que, según ella, hacían imposible el desempeño de su trabajo. Nueve meses después -y una denuncia de la secretaria judicial por acoso contra ella, por medio- el CGPJ le ha incoado un expediente disciplinario. Desde su punto de vista, el mundo al revés.
Su señoría” Begoña Tárrega tiene 30 años. Desde 2012 es la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villajoyosa, Alicante.
Por su parte, Magdalena Such, tiene 48 años, y ha sido, durante once meses, hasta mayo de 2014, la secretaria judicial sustituta de este órgano judicial. Desde entonces, ha regresado a la práctica libre de la abogacía, que era su procedencia.
Además de la jueza y de la secretaria judicial, este Juzgado lo conforman 7 personas, de los cuales cinco son interinos, o lo que es lo mismo, el 75 por ciento de la plantilla. El nivel de renovación es continuo. No duran más de un año.
A Begoña Tárrega –que no tiene ningún familiar en el mundo de la justicia- le costó tres años y medio de codos continuos sacar la oposición. 912 días encerrada tras cuatro paredes hasta conseguir aprobar una de las oposiciones más duras que hay en España.
En 2012 recibió su primer destino, en Villajoyosa. A una hora y media de Valencia, su ciudad natal.
El suyo es un caso de vocación clara de juez. En la Escuela Judicial le enseñaron el respeto a la Ley y su cumplimiento. La Ley por encima de todo.
Por eso, cuando descubrió que la secretaria judicial Magdalena Such había ejercido como abogada en el partido judicial, y que así figuraba en una ejecución civil en el Juzgado número 3 y unas diligencias en su propio Juzgado, hizo lo que la ley decía que tenía que hacer: denunció el hecho ante la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva el 3 de febrero de 2014.
La jueza Tárrega argumentó legalmente que Such no podía trabajar como secretaria judicial en su Juzgado porque estaba incurriendo en una incompatibilidad manifiesta en la Ley.
Y para demostrarlo, tiró de toda la artillería legal de que disponía en su escrito: que si así lo establecían los artículos 393 y 495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 141.6c) del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre.
Este último era un torpedo directo a la línea de flotación de la secretaria judicial. Porque este Decreto aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. En el mismo se considera una falta muy grave el hecho de que un secretario judicial desempeñe su puesto de trabajo en “las Oficinas Judiciales de una Audiencia o Juzgado en el que hayan ejercido la Abogacía o el cargo de Procurador en los dos años anteriores a su nombramiento”. Porque está prohibido.
Verde y con asas, a los ojos de la juez.
Las diligencias previas rescatadas eran del año 2012 y la secretaria judicial entró a trabajar en el Juzgado número 1 de Villajoyosa el 9 de abril de 2013.
Llegados a este punto, la relación personal entre la juez y la secretaria se había deteriorado hasta un punto de no retorno.
Sin salida.
LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA JUDICIAL
La secretaria judicial respondió a la juez interponiendo una denuncia contra ella por acoso ante el secretario coordinador, Manuel Cerdán, apenas diez días después, el 13 de febrero.
Cerdán lo remitió donde debía, al secretario de Gobierno del TSJCV, José Miguel de Ángel Cubells, y desembocó en a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, el 19 de febrero. Una denuncia que más tarde fue ampliada por un supuesto delito de acoso y prevaricación.
Pero Magdalena Such no se paró ahí.
Presentó, a su vez, esa misma denuncia contra la juez ante el Servicio de Inspección de Trabajo del Ministerio del ramo el 11 de marzo de 2014.
Era el mismo escrito que había enviado a Cerdán. Pero aquello fue una vía muerta porque Inspección de Trabajo no tiene nada que hacer cuando la persona es una jueza.
La Sala de lo Civil y Penal se vio ante un auténtico embolado.
Por una parte la denuncia de la secretaria Such y por otra la queja de la juez Tárrega, que mandaba escritos de amparo a la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva.
Finalmente, la mencionada Sala falló el 3 de abril dictando un auto de inadmisión de la denuncia de la secretaria contra la juez por un defecto de forma; tenía que haber sido presentada en forma de querella, es decir, con abogado y procurador.
Y el 14 de mayo el secretario de Gobierno ordenó el archivo de la queja de la juez contra la secretaria, que cinco días antes había cesado voluntariamente en su destino en el Juzgado de Villajoyosa.
Aquello debía haber sido el final de la historia, ¿verdad? Pues no.
Poco después la juez Tárrega descubrió un tercer procedimiento –el 1253/2012-, en el que Such figuraba también como abogada en ese partido judicial. Era del 17 de octubre de 2012 y la secretaria judicial figuraba como letrada de su padre, Vicente Such, en una denuncia por un robo en una casa de campo.
Un procedimiento que ratificaba su queja original, que había sido archivada por el TSJCV, de que esta secretaria había ejercido como abogada en ese partido judicial en los dos años anteriores.
Cuando todo parecía estar más claro que nunca para la juez Tárrega, el panorama se volvió negro. Porque no contaba, primero, con la cobertura mediática favorable que Magdalena Such iba a recibir para su causa, sobre todo tras haber presentado ante el CGPJ una queja el 28 de mayo.
En el escrito enviado al órgano de gobierno de los jueces, Such acusó a Tárrega de falta de consideración, de utilizar expresiones innecesarias, extravagantes, ofensivas o irrespetuosas en sus resoluciones, y de dictar diligencias o retrasar deliberadamente órdenes de libertad a detenidos.
Eran afirmaciones muy graves ante las que la jueza tenía las manos atadas.
La Ley le impedía jugar con las mismas armas mediáticas.
No podía hablar con la prensa y explicar su punto de vista. No podía decir su verdad, que si alguien había cometido alguna irregularidad no era ella sino la secretaria judicial.
Ella era una jueza y así eran las cosas.
Condenada al silencio, desde su punto de vista.
Y a una inspección extraordinaria a fondo del CGPJ que tuvo lugar entre el 11 y el 12 de junio, en la que las dos enviadas del órgano de gobierno de los jueces tomaron declaraciones a un buen número de personas del partido judicial.
A favor y en contra.
HACIA EL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
El 2 de julio la Sala de Gobierno del TSJCV tomó la decisión de remitir el expediente del caso –las diligencias informativas 16/2014- al Promotor de la Acción Disciplinaria, una figura de nuevo cuño dentro de la organización del CGPJ que tiene la misión de perseguir las irregularidades cometidas por los jueces. Se le incoó un expediente por una supuesta falta disciplinaria de abuso de autoridad y otra supuesta falta de grave desconsideración.
El futuro de la juez Tárrega está ahora en sus manos y en las de la Comisión Disciplinaria.
¿A quién creerán?
¿A la ex secretaria judicial que, aparentemente, cometió tres incompatibilidades graves? ¿O a la joven juez que se tomó todo el celo del mundo para hacer cumplir la Ley, tal como le habían enseñado en la Escuela Judicial?
Tal vez lo que aprendió en esa Escuela no había que aplicarlo tan a rajatabla porque las cosas no son blancas ni negras.
Sobre ella penden ahora oscuras tormentas de preocupación por su destino cercano, aunque no le cabe la menor duda de que hizo lo que tenía que hacer.
