JUECES y PERIODISTAS abordan «sin muchos puntos en común» la INFORMACIÓN DE TRIBUNALES
Jueces y periodistas constatan sus diferencias sobre cómo tiene que ser la información respecto a la actividad judicial, la presencia de los medios en las salas de vista, las filtraciones de los sumarios y La llamada «pena de telediario», en un encuentro organizado por Jueces para la Democracia.
A través de distintas mesas redondas se ha podrido constatar que las opiniones de jueces, magistrados, periodistas y abogados en el tratamiento de la información de tribunales está muy lejos de llegar a «grandes puntos en comun».
El organizador del evento, el magistrado Ignacio González, ha incidido «la finalidad de la investigación puede verse frustrada si lo que fuera propiamente la investigación fuera objeto de publicidad».
Ha señalado que «a veces el papel de los medios de comunicación tiene un claro contenido de criminalización» y ha indicado que «cuando una noticia ya aparece en la prensa es algo que puede estigmatizar más que la propia sentencia».
En la primera mesa, moderada por Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha abordado la información en la actividad judicial.
Ferrer ha señalado que «se trata de un tema que no está resuelto desde el puento de vista de la legislación, en el que nos movemos con inseguridad, partiendo las pautas que el Tribunal Constitucional fijó en aquella sentencia 13 de 1985» y donde «se nos dejó claro que la realidad judicial no esconde una realidad que pueda sustraer del interés general».
Y es que como expliacaba el periodista de El País, Fernando Garea, «es obvio que Justicia y periodismo no tenemos los mismos tiempos, ni los mismos intereses». Y ha pedido a jueces y magistrados que «diferencien lo que es espectáculo en programas de entretenimiento televisivo de lo que es información estricta en los medios de comunicación». Y ha señalado también que «los jueces lo ponen muy difícil a los periodistas que, de alguna forma nos acercamos a la información de tribunales».
Y ha asegurado que «en España hay más un descrédito de la institución de la Justicia que excesos de los medios de comunicación sobre la información judicial».
En esa mesa también intervino José Asenjo, adjunto a la Dirección de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, quien realizó un diagnóstico de la situación de los jueces en relación con los medios y el papel de los Gabinetes de Comunicación de la Justicia.
Tras esto se ha producido un duro debate en el que Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ha pedido «que sean los propios actores, los propios jueces los que expliquemos lo que está ocurriendo, cómo sigue el procedimiento», y lo ha hecho en relación con la intervención del fiscal francés, Brice Robin, tras la catástrofe del avión de Germanwings.
Margarita Robles(TS): deberían ser los jueces los que expliquen las sentencias sin el filtro de los Gabinetes pic.twitter.com/uQIWxwEaH2
— Confilegal (@Confilegal) octubre 8, 2015
Robles ha remarcado que «es esencial que a los jueces se les deje explicar, a ellos, qué es lo que están haciendo». Y ha asegurado que «en el Tribunal Supremo tendríamos que ser los magistrados los que decidieramos qué sentencias se dan. Y no como ocurre ahora que tienen que pasar por el filtro del Gabinete de Comunicación».
Ahora «muchos magistrados tienen miedo a la amenaza del palo y la zanahoria», ha concluído.
Por su parte, la magistrada y vocal del CGPJ, Roser Bach, haciendo referencia a la encuesta publicada desde el Consejo sobre la carrera judicial ha señalado que «el 75 por ciento de los jueces y magistrados en activo consideran que la política de comunicación del Consejo no atiende a las necesidades y preocupaciones de los jueces.
El 69% piensa que la comunicación del Consejo no transmite a la sociedad la realidad de la actividad judicial y el 65 por ciento de la carrrera cree que la comunicación del Consejo no está siendo un instrumento eficaz para potenciar la confianza de la sociedad en la justicia».
Roser Bach (JpD): un protocolo de Comunicación no es medio adecuado para decir a los jueces lo que tienen que hacer pic.twitter.com/DcNyVsVygH
— Confilegal (@Confilegal) octubre 8, 2015
También ha criticado el nuevo Protocolo de Comunicación de la Justicia «porque da instrucciones a los jueces sobre cómo tienen que actuar en sus salas de vistas y en sus juzgados, y esto es algo que no se puede hacer en un Protocolo de Comunicación»
LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS EN LAS SALAS DE VISTAS
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En la segunda mesa la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, y el periodista de Infolibre, Jesús Maraña, han insistido en que Justicia y Periodismo tienen que entenderse, aunque con distintos argumentos.
Gumpert ha asegurado que lo que preocupa a los abogados respecto a la presencia de los medios en las Salas de Vistas «es la defensa y la protección de los derechos». Y citando al filósofo y abogado inglés, Jeremy Bentham, que «desde la Abogacía insistimos en que la publicidad es el alma de la Justicia».
@SoniaGumpert «Insistimos en que la publicidad de las vistas es el alma de la Justicia» vía @confilegal @JpDemocracia pic.twitter.com/sI3LXPYMuD
— ICAM (@icam_es) octubre 8, 2015
Por su parte, Jesús Maraña, ha resaltado que «lo que queda claro en estas jornadas es la desconfianza que hay entre los actores de todo esto. Es verdad que jueces y fiscales, y hasta los abogados, desconfían de los periodistas. Los periodistas desconfían muchísimo de los gabinetes de Comunicación«. Y ha asegurado que «más de la mitad de la mitad del tiempo de los informativos está dedicada a la información de tribunales».
Jesús Maraña: Más de la mitad del tiempo de los informativos está dedicada a tribunales pic.twitter.com/Ojp7AvmG94
— Confilegal (@Confilegal) octubre 8, 2015
LA FILTRACIÓN DE LOS SUMARIOS
En esta mesa han intervenido Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional y Pedro Águeda, periodista del diario.es.
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Para Martínez Lázaro ha señalado que «la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en el artículo 301 que el sumario es secreto y más abajo indica que el juez podrá decretar el secreto». Y ha sostenido que «es muy difícil que haya una investigación sin que existan diligencias secretas».
Martínez Lázaro ha asegurado que el Tribunal de Derechos Humanos dice que las filtraciones pueden vulnerar la presunción de inocencia, pero no se refiere a los periodistas sino a la policía. El Tribunal de Derechos Humanos condenó a un ministro del Interior francés porque dijo que habían detenido al respnsable de un asesinato». Esto puede afectar al derecho parcial, e incluso al derecho al honor.
Pedro Águeda ha defendido, «a riesgo de crear alguna polémica», la «publicación de algunas publicaciones que están bajo secreto de sumario». Y también ha respaldado «el trabajo de los gabinetes de prensa por la cantidad de información que hay cada día»
LA «PENA DE TELEDIARIO»
En la última mesa de la jornada han intervenido Joaquím Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) y la periodista de El Español, Maria Peral y que ha sido moderada por Ivana, magistrada de JpD.
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Bosch ha indicado que los jueces son un Poder del Estado, pero que cuando a la prensa se le llama el Cuarto Poder también es por algo. Y ha insistido en que «el problema la pena del telediario está muy vinculado con carencias y ausencias legales de la figura de la detención. Una figura que en nuestro país está muy mal regulada y da lugar a auténticas arbitrariedades«.
El portavoz de JpD, ha afirmado que «la redacción final del artículo 520, en líneas generales es acertada». Y ha resaltado que son los poderes públicos los que deben responder a cómo se gestiona esa información.
Por su parte, la periodista Marial Peral, ha resaltado que «algo estamos haciendo muy mal los periodistas si la publicidad, que fue concebida como un gran conquista del pensamiento ilustrado frente al poder absoluto del antiguo régimen, ahora resulta que se ha vuelto en contra de los imputados». Y ha defendido que «las garantías de los imputados son esenciales para tener un Estado de Derecho eficaz».
Y ha concluído pidiendo a sus compañeros, los periodistas, a eximinar «si nuestra propia conducta no está contribuyendo a un deterioro gravísimo del derecho a la presunción de inocencia».
