JUECES y FISCALES solicitan la SUSPENSIÓN de la LECRIM ante la «falta de medios»

JUECES y FISCALES solicitan la SUSPENSIÓN de la LECRIM ante la «falta de medios»

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15/10/2015 00:00
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Actualizado: 15/10/2015 00:00
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Seis asociaciones de jueces y fiscales solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) hasta que no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos para aplicarla. Ahora, es “absurdo” plantear limitar a seis o a 18 meses el tiempo de instrucción de sumarios.

Todas las asociaciones firmantes, tres judiciales (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y las  fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresita de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) en su comunicado conjunto, sotienen que la citada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «es una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados»

Estas asociaciones profesionales recalcan que establecer un plazo límite sujeto a control en el modelo procesal español, en el que investigación está en manos del juez,  puede resultar «absurdo» pues es el propio instructor quien ha de controlar «la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales».

Además, rechazan que la Fiscalía, «en régimen de monopolio», disponga de la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación, sobre todo cuando «puede haber desacuerdos en la misma». También se puede dar el caso, según dicen, de que el Ministerio Público desconozca «el contenido o la existencia» de la propia investigación.

Según el comunicado conjunto de jueces y fiscales, «ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal»

En definitiva, «el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma», aseguran.

Además, para ellos resulta imposible la plicación de esta Ley, cuya entrada en vigor está prevista para el 5 de diciembre porque «se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna».

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