JpD y RIS denuncian ante la Comisión Europea las reformas legales del Gobierno
Jueces para la Democracia (JpD) y Rights Internacional Spain (RIS) han remitido un informe a la Comisión Europea donde denuncian las últimas reformas legislativas del Gobierno, que consideran que atacan principios básicos del Estado de Derecho, e instan a esta institución a «intensificar su escrutinio sobre la situación en España» y a adoptar medidas para evitar esta situación.
Este mecanismo, según informan ambas organizaciones en un comunicado, se activa ante graves amenazas al estado de derecho y otros valores esenciales para la Unión Europea.
Estas organizaciones denuncian, en primer lugar, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, pues cercena el acceso a la justicia y a una revisión judicial eficaz. Con la reforma, las personas que podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio serán menos que ahora. Con la crisis, más personas han tenido que acudir a este servicio, sin embargo, con la nueva reforma se limitará el acceso a este derecho. En los últimos años, entre el 25 y 35% de los ciudadanos se ha visto privados de su derecho de acceso a la justicia por las tasas.
Desde Jueces para la Democracia y Rights Internacional Spain, España es de los países de la UE que menos invierte en justicia gratuita (0,80 euros por ciudadano, estando la media europea en 8,63 euros/habitante). Ningún euro recaudado por tasas judiciales (de los más de 530 millones de euros) se ha destinado a sufragar este servicio público fundamental. Se solicita, por tanto, que se tomen medidas desde la Comisión para asegurar que la nueva ley no vulnere el derecho de acceso a la justicia.
Ambas organizaciones solicitan que se derogue la Ley de Tasas judiciales, que aunque se ha derogado para las personas físicas sí se sigue aplicando a las Pymes, y que la reforma de la Justicia Gratuita no vulnere el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Según ambas organizaciones, con la crisis más personas han tenido que acudir a los abogados de oficio y este derecho se verá limitado con la nueva reforma, teniendo en cuenta además que en los últimos años, y hasta su derogación, entre el 25 y el 35 por ciento de los ciudadanos se ha visto privado de su derecho de acceso a la justicia por las tasas impuestas al principio de la Legislatura. Además, mantienen que el dinero recaudado con las tasas judiciales (aproximadamente 540 millones de euros) no ha sido destinado al sistema judicial o a la prestación del servicio de justicia gratuita.
También consideran JpD y RIS que debían retirarse la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial.
Denuncian asimismo la falta de medios de la justicia debido a la disminución progresiva del Presupuesto para este departamento y la existencia de «interferencias políticas» y que ambas cosas tienen fuerte impacto en la independencia judicial.
Otra de las reformas que critican son las del Código Penal y la Ley de Seguridad ciudadana, incluidas las disposiciones que, a su juicio», legalizan las «devoluciones en caliente» de ciudadanos extranjeros.
En este sentido, «se denuncia la amenaza que suponen estas leyes para los derechos a la libertad de expresión y de reunión, la vaguedad de muchos de sus preceptos (lo que puede conllevar una aplicación arbitraria de las sanciones) y que la enmienda que legaliza las devoluciones desde Ceuta y Melilla entra en clara contradicción con el propio derecho de la UE. Se solicita, por tanto, que se deroguen todos estos aspectos de ambas reformas».
Para ambas organizaciones, es importante que las reformas legales se hagan respetando un procedimiento democrático adecuado y transparente, llevando a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.
Recuerdan que la UEM «debe actuar para proteger el estado de Derecho» y que existen mecanismos, como los que piden que ahora se activen, que permiten a la Comisión Europea encontrar una solución con el estado miembro de que se trate, en este caso España, «a fin de evitar que la amenaza sistemática al Estado de derecho se convierta en un claro riesgo de violación» de derechos.
Rights International Spain, la entidad que lidera esta iniciativa, también ha lanzado, a través de la Plataforma Europea de Libertades, una campaña de petición de firmas a la que puede adherirse cualquier ciudadano para pedirle a la Comisión Europea que actúe decididamente frente a los ataques a los valores fundamentales de la UE en España
