El alcalde popular de las Rozas se sentará en el banquillo en las próximas semanas acusado de prevaricación
José Ignacio Fernández Rubio, actual alcalde de Las Rozas, será juzgado en las próximas semanas por un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de prevaricación (tomar una decisión a sabiendas de que es injusta) cuando era alcalde de otra población madrileña, Guadarrama.
La inminencia de la vista pública pone en tela de juicio, y casi imposible, su candidatura como alcalde del Partido Popular (PP) para continuar al frente de Las Rozas, población situada al oeste de Madrid.
A Fernández Rubio la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, Sara Rodríguez Huertas, le impuso el pasado 4 de julio una fianza de 9,2 millones de euros. Fue una de las fianzas más altas impuestas en un caso de esta naturaleza en España. Está destinada a asegurar la compensación a los herederos del empresario Luis Álvarez García, ya fallecido, propietario del Grupo Canta.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el letrado José María Garzón, coincidieron en la pena solicitada contra Fernández Rubio: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Los hechos por los que se imputa a Fernández Rubio se iniciaron en 2004 cuando éste era alcalde de Guadarrama, también por el PP. Guadarrama dista de Las Rozas 32,6 kilómetros. El pueblo Guadarrama tiene una población de 15.534 habitantes. En su término municipal se halla el Valle de los Caídos.
DOS PERSONAS FALLECIDAS Y UN DESASTRE ECONÓMICO, CONSECUENCIAS PARA LA FAMILIA ÁLVAREZ
A Virginia Álvarez, hija de Luis Álvarez, no le cabe la menor duda de que sus padres son dos víctimas directas de este conflicto: “Mi padre y mi madre han fallecido por los continuos disgustos que han sufrido. Todo esto ha sido, es una tortura. No pudieron resistir lo que nos han hecho. Mis hermanos y yo hemos tenido que recibir atención médica también”.
Los hermanos Álvarez –Jorge, Virginia y Javier- se mostraron muy contentos por la decisión que tomó la juez Rodríguez Huertas. Fue una decisión histórica, por la contundencia y la cantidad y porque quedó claro que no era un problema “administrativo”.
“Lo único que queremos es justicia. Nadie nos va a devolver a nuestros padres pero desde luego que vamos a luchar por lo que nos corresponde”, dicen al unísono los tres. “La mayor ilusión de mi padre hubiera sido haber visto el auto de imputación contra Fernández Rubio”.
A día de hoy, el Ayuntamiento de Guadarrama administra los casi 10.000 metros cuadrados que le han sido incautados a la familia Álvarez y los explota como si fueran suyos.
La familia Álvarez no ha recibido ninguna compensación económica por ello.
RELATO DE LOS HECHOS
El empresario Luis Álvarez García tenía un solar en pleno centro del pueblo de Guadarrama de 9.228 metros cuadrados. Dentro del mismo tenía una nave desde la que operaba con su empresa de construcción.
En 2004 Álvarez García recibió una notificación de la Comunidad de Madrid en la que se le informaba que le iba a ser expropiada la parcela, porque no podía destinarse a uso industrial. Asimismo, se le comunicaba que la nave sería demolida en un plazo de 15 días.
Álvarez García se puso rápidamente en contacto con el entonces alcalde de Guadarrama, Fernández Rubio, del PP, formación que tenía una mayoría holgada de 11 concejales para ver qué se podía hacer. El Consistorio está formado por 17 ediles.
Ambas partes llegaron a un acuerdo dos veces: Una en 2004 y otra en 2006. En el primero, el de 2004, se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Guadarrama. Consistía en una permuta de uso de los terrenos de referencia, que estaban muy cerca del centro del pueblo, por el uso de una parcela en los terrenos del futuro polígono industrial que próximamente se iba a construir a las afueras y la futura explotación comercial de un espacio en los mencionados terrenos.
La segunda vez el Ayuntamiento suscribió un contrato a través de la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama, contemplando las mismas condiciones, porque al consistorio no le había dado tiempo a recalificar.
El objetivo del Ayuntamiento del PP, entonces presidido por Fernández Rubio, era desarrollar urbanísticamente la parcela de la familia Álvarez de una forma muy similar a cómo se había hecho en Moralzarzal, con la construcción de una plaza de toros, locales comerciales en torno a la misma, así como la edificación de un local comercial Supercor, que quedaría en propiedad de la mencionada familia, junto con una pequeña parte de los 10.000 metros cuadrados de aparcamientos subterráneos que presumiblemente se construirían.
Fernández Rubio llegó, asimismo, al acuerdo con la familia Álvarez de venderle dos parcelas, propiedad del Ayuntamiento, en el polígono industrial, cuando se le entregara el local comercial citado. Ambas parcelas tendrían un precio final de 484.000 €. La empresa de la familia Álvarez, en el entendimiento de que se cumpliría el convenio, se instaló en las mismas y acondicionó las dos parcelas haciendo una inversión de 250.652 €.
El convenio primigenio fue firmado por Fernández Rubio como alcalde de Guadarrama. Posteriormente suscribió el contrato, en representación, y como máxima autoridad de la mencionada Sociedad Municipal de la Vivienda. Dicha Sociedad, en el momento de la firma del convenio, no estaba registrada y, por lo tanto, no tenía poderes para suscribirlo (ver auto de la juez de instrucción).
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»27182″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»221″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]Imagen de la parcela.
UNA GUERRA INTERNA PERSONAL EN EL PP: EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La “popular” Carmen María Pérez del Molino sucedió, en agosto de 2008, a José Ignacio Fernández Rubio, que acababa de ser nombrado vice consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Esperanza Aguirre. Fernández Rubio había sido alcalde de Guadarrama durante 11 años.
El sucesor natural de Fernández Rubio en el Ayuntamiento de Guadarrama hubiera sido Miguel Rodríguez Bonilla, su mano derecha, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.
No lo fue. Declinó la responsabilidad argumentando que su trabajo como empresario le impedía dedicar a la Alcaldía todo el tiempo que requería.
La opción siguiente fue Pérez del Molino, que no formaba parte del círculo de confianza de Fernández Rubio.
La nueva alcaldesa no tardó en colisionar con su antecesor. Confesó públicamente que no se hablaba con el ex alcalde (y presidente del PP de Guadarrama) desde hacía un año y medio.
El enfrentamiento llegó a su punto más caliente cuando la regidora se negó, a prorrogar el convenio que Fernández Rubio había suscrito con la familia Álvarez y que vencía en febrero de 2009.
Pérez del Molino adujo, para ello, que existían “ciertas irregularidades”.
Según declaró públicamente la alcaldesa «ese contrato está firmado por una sociedad municipal de la vivienda. Sin registrar. Y en ese contrato se venden dos parcelas del polígono industrial, que son patrimonio del Ayuntamiento de Guadarrama. Nunca fueron cedidas a la sociedad municipal de la vivienda». Y este era un requisito necesario para que después la sociedad pudiera venderlas: «Antes tendría que haberlo aprobado la mayoría absoluta del pleno, que tendría que haber autorizado la donación de las parcelas a la sociedad municipal».
Pérez del Molino tomó la decisión de anular el convenio acogiéndose a una condición legal que podía suponer su suspensión: que no se hubiera aprobado el Plan General de Ordenación Urbana -a día de hoy, todavía no ha recibido el visto bueno preceptivo de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Pérez del Molino anuló, en consecuencia, los acuerdos con la familia Álvarez, suscritos por el regidor anterior.
Y todo voló por los aires.
La familia Álvarez fue desahuciada de las dos parcelas que había recibido del Ayuntamiento, y que había ocupado y acondicionado, y por las que iba a abonar casi medio millón de euros después de haber recibido, a su vez, el local comercial para Supercor.
No se les compensó por el dinero que habían invertido (250.642 €) en acondicionar esas dos parcelas.
No les devolvieron los terrenos del centro del pueblo ni les compensaron por ello.
No les indemnizaron tampoco por la explotación del local comercial contemplado en el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del centro del pueblo.
Se quedaron sin nada. En consecuencia interpusieron una querella contra la alcaldesa y el consistorio.
Este caso es un claro ejemplo de la especulación urbanística de la zona norte de Madrid, como otros muchos vinculados con la “trama Gürtel”.
Y EL PARTIDO POPULAR DE GUADARRAMA SE ROMPIÓ POR LA MITAD
Pérez del Molino definió la situación como “una guerra de José Ignacio Fernández Rubio contra la alcaldesa de Guadarrama” en “El Faro de Guadarrama” del 25 de febrero de 2011.
Pocos días después, la alcaldesa del PP descubrió que la Ejecutiva Local del Partido Popular de Guadarrama, con el visto bueno de Esperanza Aguirre, la iba a dejar fuera de las listas en las elecciones municipales que se avecinaban.
Descubrió, además, que “el elegido” era Miguel Rodríguez Bonilla –el que había sido número 2 de Fernández Rubio en el Ayuntamiento- como su candidato a alcalde por la localidad.
Lo vio claro, para el PP ella estaba “amortizada”.
La alcaldesa se revolvió entonces contra su partido y, con la mitad de los concejales que tenía el PP en Guadarrama montó la Agrupación Popular por Guadarrama (APPG) y se presentó a las elecciones municipales de 2011 como una nueva formación.
La APPG fue el partido político más votado: 2.250 votos. Si bien su mayoría fue exigua: 17 votos más que el Partido Popular.
Ambos, la APPG y el PP obtuvieron los mismos concejales cada uno: 6. El PSOE consiguió 3. Izquierda Unida, 1. Y UPYD 1, también.
Los 17 votos de diferencia de la APPG sobre el PP le permitieron asumir de nuevo la alcaldía de Guadarrama.
EL CONFLICTO SE TRASLADÓ A LA JUSTICIA
La familia Álvarez recurrió a la Justicia para obtener la compensación económica que estimaba que le correspondía.
Se presentó una querella contra la regidora, Carmen María Pérez del Molinno y contra parte del equipo de gobierno, que fue archivada. Fue entoncescuando la juez de instrucción llamó, a petición del Ministerio Fiscal, a Fernández Rubio a declarar.
Según la magistrada Rodríguez Huertas, y basándose en la declaración del interventor municipal de Guadarrama, Fernández Rubio había firmado dos convenios que “no cumplían con las formalidades administrativas requeridas”.
Y añadió que “resultó arbitraria su formalización a sabiendas de su injusticia”. “Los anteriores hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación comprendido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, dice la juez en su auto.
Del estudio de los documentos se desprendió, además, que cuando Fernández Rubio firmó el convenio con la familia Álvarez en representación de la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama, cuando esta sociedad no estaba registrada y, en consecuencia, no tenía poder para ello. Esta es la base de la acusación por prevaricación contra el ex alcalde que ha promovido el Ministerio Fiscal y que ha secundado la acusación particular de la familia.
Este edil -Fernández Rubio- también tiene pendiente otros asuntos en Las Rozas. Como asegura el secretario general del PSOE de esa localidad, Miguel Ángel Ferrero, quien recuerda que en el municipio “tenemos imputaciones de todo tipo por la Ciudad del Fútbol, un problema judicial permanente” a raíz del regalo de terrenos públicos a la Federación Española de Fútbol para albergar la Ciudad del Fútbol donde entrena y se concentra La Roja.
