El Gobierno DEJA EN EL CAJÓN la reforma de la JUSTICIA GRATUITA
El Gobierno ha renunciado al proyecto de Ley de reforma de la Justicia Gratuita al no existir consenso con los operadores jurídicos, fundamentalmente con los abogados, si bien ha introducido una buena parte del articulado en la reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El partido del Gobierno ha optado por no tramitar la norma, que llevaba más de un año congelada en la cámara baja, si bien la oposición ha reprochado al PP durante el debate en la Comisión de Justicia que intente «colar» parte de una ley en trámite en otra norma, como es la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora continuará su tramitación en el Senado.
La retirada del proyecto de ley supone una nueva rectificación de los populares ante la política del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, tras la derogación de las tasas judiciales para las personas físicas y la renuncia a la reforma del Registro Civil que entregaba su gestión a los registradores.
Los populares han introducido los cambios mediante 22 enmiendas al texto, lo que los grupos de la oposición han considerado como un «fraude de ley» puesto que de esta forma no tienen posibilidad de enmendar los cambios de la Justicia Gratuita.
Jordi Jané (CiU) ha acusado al PP de «resucitar» una reforma que «estaba muy bien apartada» y que rompe con el compromiso por el consenso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al introducir cambios «improvisados y por la puerta de atrás».
«No se puede aparcar el proyecto de Justicia Gratuita y hacer modificaciones por la puerta de atrás», «de manera unilateral y sin retirar el proyecto» ha aseverado la diputada socialista Elvira Ramón. «Es una barbaridad», ha añadido.
Así, en la reforma de esta Ley, el PP ha introducido una enmienda que permitirá a las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de la justicia gratuita sin tener en cuenta sus recursos económicos.
Asociaciones como la AVT o Dignidad y Justicia quedarán exentas del pago de las costas y resto de los costes, como los servicios de abogado y procurador. Tendrán derecho al asesoramiento previo y a atención jurídica especializada cuando interponen una denuncia, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada.
Además, esta norma confirma que las víctimas individuales de terrorismo, violencia de género, trata de seres humanos, menores de edad, personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de abuso o maltrato tendrán acceso a la justicia gratuita.(CONFILEGAL/EP)
