Fundación Abogacía denuncia la pasividad institucional con los españoles presos en el extranjero
El coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía Española, Francisco Segovia, ha lamentado los escasos resultados logrados hasta la fecha que, según indica, tienen mucho que ver con la pasividad de las instituciones implicadas, tanto españolas como de otros países.
En su intervención en los XVII Encuentros Jurídico Penitenciarios, Francisco Segovia ha recordado que el Consejo General de la Abogacía Española creó la Fundación en el año 2003 y que sus fines son la defensa y promoción de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo. Dentro de ese gran campo que son los derechos humanos su ámbito de actividad es, principalmente, el facilitar el acceso a la justicia de los colectivos más vulnerables, “por eso estamos hablando de presos españoles en el extranjero, de víctimas de trata o de malos tratos y tortura”.
“En el ámbito de la cooperación hemos trabajado en el fortalecimiento de defensorías públicas en América Latina para que se protejan correctamente los derechos de las personas privadas de libertad y, de forma muy concreta, este año hemos trabajado en la defensa de los derechos de españoles privados de libertad en Ecuador, para lo que hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de Pamplona”, ha indicado Segovia. El programa se ha beneficiado en 2014 y 2015 de las ayudas económicas que concede el MICAP a proyectos solidarios.
Esta intervención se produce a partir de una modificación legal en Ecuador que, en principio, mejoraba las perspectivas de los presos en cuanto al tiempo que tenían que estar privados de libertad. “Nos dimos cuenta de que había muchas posibilidades de que surgiesen dificultades importantes para que los presos se beneficiaran de esa reforma legal, decidimos intervenir y llevamos un año trabajando en este asunto que verdaderamente es muy, muy complejo”, ha señalado el representante de Fundación Abogacía.
La reforma legal introducía un principio de proporcionalidad en las penas por tráfico de estupefacientes. “Antes, independientemente de la cantidad de droga que llevaras, la condena era de entre 8 y 12 años, y el 99% de los españoles que están presos en Ecuador lo están por tráfico de drogas. Ante los problemas que planteaba la aplicación de la reforma decidimos trasladarnos a Ecuador y reunirnos con todas las instituciones que tenían algo que ver con este tema, Poder Judicial, Defensoría Pública, Consulado de España… Empezamos a investigar cuántos presos hay, en qué situación están, cuándo se les va a aplicar la reforma. Vimos que todo iba a ser muy lento, y estamos hablando de una lentitud que va a tener un impacto tremendo sobre derechos, son demoras de muchos meses, años incluso, que afectan a personas que están privadas de libertad”.
La Fundación visitó a los presos allá, en Ecuador, y contactó también con los presos españoles condenados en Ecuador pero que están cumpliendo sus penas en España. Son cerca de cien y su situación es, asimismo, muy complicada.
Francisco Segovia ha explicado que la Fundación Abogacía inició una campaña de información entre los presos sobre la reforma y cómo podía afectarles. “En realidad esta campaña debía hacerla la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias porque es la que tiene la responsabilidad legal, pero como no lo hizo lo asumimos nosotros. A partir de ahí lo que hicimos fue asesorarles para solicitar que revisaran sus condenas en Ecuador y cómo mejorar su tratamiento penitenciario aquí en España, su clasificación de grado sobre todo”.
Segovia ha lamentado los pocos avances logrados: “La verdad es que hemos conseguido algunos resultados, pero son muy escasos para el esfuerzo que estamos haciendo, y la razón hay que buscarla en la pasividad de la mayoría de las instituciones que están implicadas, tanto en Ecuador como en España».
«Hemos logrado que 15 o 20 presos de los que habían sido trasladados aquí mejoraran su situación penitenciaria, pasando de segundo a tercer grado o de tercer grado a la libertad condicional, y nueve o diez revisiones de condena allá en Ecuador, que significa la inmediata excarcelación. Pero hay que decir que estamos hablando de 180 o 190 presos en total, entre los que están allá y los de aquí, y de esos, 80 o 90 podían solicitar la revisión de condena con resultado de excarcelación. Hemos iniciado muchos más procedimientos, pero todo es tan lento que los resultados son decepcionantes”, puntualizaba.
Además, el coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía Española ha examinado los puntos de coincidencia entre el trabajo de la Fundación y el ámbito penitenciario, “que son muchos porque en el ámbito penitenciario existe un riesgo más elevado que el promedio de vulneración de derechos fundamentales. Hay que reflexionar sobre cómo prevenir este riesgo, y cuando se produce una vulneración también hay que pensar lo que hay que hacer”.
Y ha querido recordar que en España su trabajo se ha centrado en el papel de la abogacía en la prevención de los malos tratos y la tortura, “y también se ha abordado de manera muy específica los riesgos de las personas con discapacidad intelectual que están en el ámbito penitenciario, que pasan por procedimientos judiciales que pueden concluir con privación de la libertad por temas penales”.
