¿ESPIONAJE a una MÉDICO FORENSE de la AUDIENCIA NACIONAL?

¿ESPIONAJE a una MÉDICO FORENSE de la AUDIENCIA NACIONAL?

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15/10/2015 00:00
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Actualizado: 15/10/2015 00:00
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Rosario Espinosa Merlo, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid, está investigando un caso de un supuesto espionaje a Carmen Baena, médico forense de la Audiencia Nacional. Se produjo a través del ordenador que tenía asignado en lo que poco después se convirtió en el Instituto de Medicina Forense, en ese órgano judicial. La imputada es una compañera suya, Leonor Ladrón de Guevara.

Lo que se está investigando es un supuesto delito de revelación de secretos.

Todo comenzó el 12 de febrero de 2013. Erik Blanco, uno de los informáticos de la empresa Tragsaptec -subcontratada por el Ministerio de Justicia-, estaba llevando a cabo labores de mantenimiento en el ordenador de Baena, al que había entrado con la clave de Administrador. Una clave que le permitía acceder a todo el contenido del disco duro, y, por lo tanto, a todo lo que sus usuarios tuvieran en él. 

En ese proceso, Baena, que estaba presente, descubrió que un buen número de archivos suyos, profesionales, de peritajes de varios asuntos, y también personales, habían sido copiados en una carpeta a la que nadie podía debía tener acceso; sólo la persona que también utilizaba el ordenador y que tenía privilegios de acceso de Administrador.

Y no sólo eso, también supo que, en esa misma carpeta, habían sido copiados archivos –también profesionales y privados- de una memoria usb de su propiedad que le había desaparecido de su mesa, hecho que había denunciado, poniéndolo «en conocimiento en el Juzgado que estaba de guardia en la Audiencia Nacional en mayo de ese año».

No lo denunció formalmente porque el «pen drive» apareció después. 

LA POLICÍA JUDICIAL EN ESCENA

El descubrimiento de tales hechos hizo que la médico forense requiriera de inmediato, en la sede de la madrileña calle de Marqués de la Ensenada, 14, a la Policía Judicial de la Comisaría Especial de la Audiencia Nacional con el fin de aclarar lo sucedido. 

En el lugar se encontraban el jefe de los médicos forenses, Vidal Santos, y los compañeros de Baena, Leonor Ladrón de Guevara Guerrero, Juan Miguel Monge Pérez y José María Álvarez Leboreiro, junto a Blanco, el informático.

Poco después llegó, Reynaldo Ivan Serey Gómez, jefe de Blanco, quien, en presencia de los policías y de los médicos forenses, llevó a cabo varias comprobaciones.

“Al mismo [el ordenador que utilizaba Carmen Baena] han accedido varios Administradores, encontrándose entre ese listado uno con el nombre LEONOR, indicando igualmente que todas las personas que acceden como Administrador pueden visualizar las carpetas y documentos de los Usuarios del mismo, y que en este caso, la única usuaria no administradora del mismo es la aludida Carmen Baena”, se puede leer en el atestado que redactaron los policías.  

“Del mismo modo, el responsable indica y muestra a los actuantes que dentro del PC existe una carpeta con el nombre LEONOR y dentro de ésta, otra subcarpeta con el nombre /Recientes/, figurando en esta última un listado con distintos documentos, reconociendo la médica forense Carmen Baena como muchos de esos documentos eran suyos, algunos de ellos de carácter profesional, y cuya custodia le corresponde, y otros de carácter personal, indicando el informático que dado que existen estos archivos de una de las forenses (Carmen Baena) en la carpeta de otra de ellas (Leonor Ladron), lo más aconsejable sería realizar una pericia sobre el disco duro para confirmar fehacientemente y acreditar estos hechos y el alcance de los mismos”, añade.

La Policía Científica hizo después un peritaje sobre dicho disco duro.

LA DENUNCIA SE JUDICIALIZA

La denuncia presentada por Baena ante la Policía se judicializó y dio luz al procedimiento que ahora impulsa la magistrada del 8 de Instrucción, Espinosa Merlo, la cual ha interrogado ya a los miembros de la Policía Científica, a los médicos forenses Santos, Monge Pérez y Álvarez Leboreiro así como a la secretaria judicial, Paloma Izquierdo.

Restan por declarar la imputada, Leonor Ladrón de Guevara, supuesta “espía”, y Carmen Baena, la «espiada», lo cual ocurrirá próximamente. Después, la juez Espinosa Merlo tendrá que decidir, tras escuchar a las partes, si decreta apertura de juicio oral.

La situación provocada por este acontecimiento hizo muy difícil la relación personal entre ambas mujeres.

Por ello, Baena fue autorizada a continuar con sus funciones desde la sede de la calle del General Prim, donde han estado los Juzgados Centrales de Instrucción ubicados hasta hace poco, evitando la sede de Marqués de la Ensenada; lejos de Ladrón de Guevera. 

Carmen Baena es médico forense de la Audiencia Nacional desde hace nueve años.

En ese puesto hace continuos peritajes sobre casos muy sensibles para la seguridad del país. Desde asuntos terroristas de ETA (comando Vizcaya, Bolinaga…) como de yihadistas, pasando por casos de militares asesinados en Afganistán de piratas del Índico.

Su trabajo tiene una vertiente de completa discreción.

La médico forense realiza todo tipo de informes para el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, el Juzgado Central de Menores y el Juzgado Central de lo Penal de ese órgano.

Cada uno de los cinco médicos forenses que prestan servicio en este Instituto operan de manera autónoma e individual.

Hasta finales de 2014 no existía la posibilidad de que los médicos forenses de la Audiencia Nacional pudieran acceder a los informes de los otros. Si alguno quería acceder a alguno de ellos tenía que pedírselo a su autor. 

Confilegal se puso en contacto telefónico con Leonor Ladrón de Guevara Guerrero para conocer su versión de los hechos. «No voy a hablar de esto y menos por teléfono. Adiós», respondió, colgando el teléfono a continuación sin dar oportunidad para continuar la conversación de ninguna otra manera. 

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