El equipo de «Mentes Criminales» de la Policía Nacional considera ‘deshonesto’ el testimonio del padre Román Martínez
El Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, el equivalente español a la Unidad de Análisis de Conducta del FBI -cuyo trabajo reproduce la serie de television «Mentes criminales»-, considera «deshonesto» el testimonio prestado ante ellos por el padre Román Martínez en el informe elaborado para el juez que investiga los supuestos abusos sexuales.
Este servicio está encuadrado dentro de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial, que dirige el comisario principal José Santiago Sánchez Aparicio, y se creó en 2011.
Está dirigido por el inspector jefe, y doctor en psicología, Juan Enrique Soto, y formado por cinco policías-psicólogos (licenciados en psicología); tres mujeres y dos hombres, contando a Soto.
Trabajan a demanda.
En este caso, según fuentes judiciales, la petición de su intervención se produjo por petición directa del magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, competente en el caso de la investigación de los supuestos abusos sexuales de un grupo de sacerdotes y dos seglares a unos menores.
Moreno conocía el excelente trabajo de Soto y de su gente, que ya brillaron en los casos de Marta del Castillo, José Bretón, el violador de Ciudad Lineal y el crimen de Aranjuez, por citar algunos. Su cometido consiste en estudiar a los sospechosos, como Miguel Carcaño o José Bretón, los asesinos de Marta del Castillo o de los dos hijos menores del segundo, cuando se está realizando la investigación, para delimitar los perfiles psicológicos de delincuentes peligrosos, como agresores sexuales y asesinos en serie.
En ocasiones entrevistan a los sospechosos directamente y en otras trabajan sobre la información que les facilitan los responsables de las investigaciones; siempre con material de primera mano.
Soto y sus gente trabajan en la creación de un banco de perfiles psicológicos criminales que recojan las distintas modalidades delictivas. Estudian miles de casos para extraer los elementos comunes que se dan en la mayoría, de modo que cuando el agente se enfrente a un violador o un asesino determinado, repare en ciertos detalles.
En el caso de los supuestos abusos de los sacerdotes a los menores, las «Mentes criminales» de la Policía española se desplazaron a Granada y allí entrevistaron y estudiaron al sacerdote líder.
Tras dos meses y medio de elaboración, el magistrado Moreno recibió el informe pericial del Servicio de Análisis del Comportamiento, que ya se ha incorporado a la causa, tal y como adelantó el miércoles el diario ‘El Ideal’, y que se suma al que ya se aportó sobre las declaraciones del primer denunciante, que, por el contrario, los peritos consideraron «altamente honestas».
Del mismo sólo ha trascendido su conclusión: que consideraban el testimonio prestado por el padre Román Martínez «deshonesto».
En este caso estaban imputados diez sacerdotes y dos seglares, pero el 16 de febrero el magistrado Antonio Moreno hizo público el auto en el que declaraba prescritos todos los delitos que se le imputaban a los denunciados excepto a uno, precisamente el considerado líder del grupo.
Concretamente, consideraba prescritos los delitos de abusos sexuales, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. Sin embargo, el juez acordó mantener la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante -que llevó su caso ante el Papa Francisco- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y en su mitad superior.
El juez aclaraba en su resolución, que ya ha sido recurrida por la acusación particular –el primer denunciante– y la acusación popular –la Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni–, que la aplicación de la prescripción no se aplica «a capricho o arbitrio judicial», sino que es «de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales». Y en este caso, como señalaba en el auto, los delitos de abuso sexual, agresión sexual o exhibicionismo se prolongaron en su comisión desde el año 2004 a 2007, por lo que determina «obligatoriamente la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese periodo de tiempo».
En este sentido, respecto a once de las personas a las que se investigaba, los delitos continuados que se les imputaban –abusos sexuales, exhibicionismo o encubrimiento– corresponderían penas que con sus agravantes no superarían los tres años de prisión por cada tipo, de manera que, teniendo en cuenta que desde que se produce la mayoría de edad del principal denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014, «han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para dichos delitos».
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que «la verdad es la verdad» y «no debe esconderse».
El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los «escándalos» que afectaban entonces a la Iglesia. CONFILEGAL/EP
