Justicia pagará las 84 plazas del parking de los magistrados del Supremo pero no las de los funcionarios
El Ministerio de Justicia sufragará el coste de 57 plazas para magistrados del Tribunal Supremo en el parking Villa de París y de otras 27 plazas del parque móvil en el aparcamiento del edificio Colón, próximo a la nueva sede de la Audiencia Nacional, por un total de 113.490 euros, algo que discrimina al conjunto de funcionarios según ha denunciado por el CSI-F.
El sindicato, mayoritario en el sector Justicia, recuerda que el Gobierno viene sometiendo a la Administración de Justicia a un ajuste económico radical y que, «sin embargo, desde el Ministerio de Justicia se adopta una medida con fondos públicos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados».
Lamentan que los funcionarios del Supremo, «con salarios mucho menores» que los de los magistrados, se vean obligados renunciar a la utilización de sus vehículos o alquilar una plaza de aparcamiento, «con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conllevaría, además de evidenciar una diferencia de clases».
Las obras de la nueva sede de la Audiencia Nacional, ubicada en la céntrica calle Génova de Madrid, han obligado a reducir la disponibilidad de plazas con las que cuenta actualmente el personal del Alto Tribunal.
CSI-F entiende que, por la reducción del espacio disponible para estacionar vehículos y por motivos de seguridad de un edificio público como es el Tribunal Supremo, sea necesario que la Administración alquile plazas de garaje, al objeto de garantizar el estacionamiento a los usuarios autorizados, «pero no compartimos que se limite el aparcamiento a unos pocos», añade el sindicato.
Por ello, han difundido una nota para denunciar este asunto y exigir que se elimine «esta desigualdad inaceptable» y e se permita el estacionamiento en estas plazas a todos los trabajadores de la Administración de Justicia destinados en el Supremo que lo soliciten, «sin distinción de categorías».
CIERTO MALESTAR
El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia que deja fuera a los funcionarios del Alto Tribunal ha provocado cierto malestar en la sede del alto tribunal. La magistrada de la Sala Tercera Margarita Robles envió la semana pasada un escrito al vicepresidente del Tribunal Supremo Ángel Juanes señalando que esta situación «genera una desigualdad en modo alguno aceptable» entre los jueces y el resto del personal.
Robles insistía en su escrito en que «no deben ser los contribuyentes españoles, los que a través de sus impuestos, satisfagan el importe de dichas plazas» y que ella se ofrecía a pagar de su bolsillo su nueva plaza de aparcamiento.
No todos los magistrados del Supremo ven con buenos ojos esta iniciativa de Margarita Robles, ya que consideran que podrá en evidencia al resto de magistrados que sí quieren que el coste de su plaza de aparcamiento lo asuma el Gobierno a través del ministerio de Justicia.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia y el tribunal Supremo intentan buscar una solución a este asunto, que de momento, no es fácil.
