El Constitucional NO AVALA LA PRIVATIZACIÓN por decreto del Registro Civil
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la privatización por decreto-ley del Registro Civil que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2014, tras un recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados.
Concretamente, las disposiciones referidas a la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (la 19) y a la reforma que permite a los registradores de la propiedad y mercantiles la llevanza de este Registro (de la 20 a la 24).
El Pleno del Constitucional ha decidido avalar la constitucionalidad de la disposición adicional 19, que alarga de tres a cuatro años la prórroga para la entrada en vigor de la ley del Registro Civil, dada la necesidad de “asegurar el correcto funcionamiento del sistema”.
Sin embargo, ha declarado inconstitucionales y nulas las disposiciones adicionales 20 a la 24, relativas a la llevanza del Registro Civil. En este sentido, entiende el tribunal que no existe “justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de modificar parcialmente el contenido” de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un periodo de un año, señala la sentencia.
El pleno del Tribunal Constitucional avala el uso del decreto-ley como mecanismo para aprobar la mayoría de medidas económicas que el Gobierno puso en marcha en julio de 2014, desestima en su mayor parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, salvo en lo que se refiere a las empresas de trabajo temporal y agencias de colocación como intermediarios laborales.
Considera que la urgencia de la mayor parte de las medidas contenidas en el real decreto-ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia son acordes con los requisitos que la Constitución impone para legislar por esta vía, ha informado en un comunicado.
