Ciudadanos propone suprimir el Consejo General del Poder Judicial
Ciudadanos quiere suprimir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, y asignar sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, asistido por dos adjuntos. Así figura en el documento «Regeneración democrática e institucional», que ha presentado hoy en Cádiz Albert Rivera.
El objetivo es conseguir una Justicia «rápida, eficaz y con garantías», nombrar a los jueces y magistrados según su mérito y su capacidad, despolitizar el Tribunal Constitucional reforzando la independencia de sus miembros y tener una Fiscalía General del Estado «independiente, profesional y al servicio de la legalidad».
Ciudadanos también quiere establecer una serie de incompatibilidades para ser fiscal general o miembro del Tribunal Constitucional (TC), eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados y fijar un plazo perentorio para que el TC se pronuncie sobre los distintos asuntos que se le plantean.
CGPJ
Sobre el CGPJ, lo que proponen estos expertos en concreto, y Ciudadanos, es suprimir el CGPJ y asignar sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estará asistido por dos adjuntos.
El presidente será elegido por el Congreso de los diputados, con el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, entre magistrados del Tribunal Supremo con al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado un cargo representativo de carácter público.
El nombramiento tendrá una duración de seis años, sin posibilidad de reelección.
Los dos adjuntos serán elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas al efecto y su nombramiento tendrá una duración de tres años sin posibilidad de reelección.
ELECCIÓN DE ALTOS CARGOS DE LA JUSTICIA
Ciudadanos también propone que la provisión de todas las plazas de juzgados, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia (TSJ) -y, en particular, la de los altos cargos, como presidentes de las citadas audiencias provinciales, TSJs, Audiencia Nacional y presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo- se realice a través de procedimientos reglados.
Sin discrecionalidad alguna.
Para ello, se convocarán concursos en los que la selección se ajustará a baremos previamente establecidos conforme a los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones, acabando así con los criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas.
Asimismo, la formación de Rivera propone suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.
Para evitar las «puertas giratorias», a los jueces y magistrados que acepten cargos políticos les impondría un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años, tras el correspondiente cese.
Por otra parte, Ciudadanos contempla un Plan de Estado para mejorar -con más jueces y más medios- la Administración de Justicia en un plazo razonable que permita a España aproximarse a los ratios medios de la Unión Europea.
Un procedimiento que impida la obstrucción de la tutela judicial efectiva, una instrucción penal rápida y eficaz y unidades de policía y peritos judiciales que no dependan de la Administración del Estado ni de la Agencia Tributaria.
Y, una vez producida la resolución judicial, garantizar su efectivo cumplimiento mediante procedimientos u órganos judiciales adecuados.
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, Ciudadanos propone regular en la Constitución la forma de designación.
Sería sería mediante un procedimiento abierto que permitirá a todos los que cumplan los requisitos necesarios presentarse.
Se exigirá que reúna al menos veinte años de ejercicio en la carrera fiscal y no haya tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo político o administrativo de carácter público.
Luego, una Comisión del Congreso de los Diputados valorará la idoneidad para ejercer el cargo de estos candidatos y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada. Finalmente, el Gobierno elegirá el fiscal general entre esa terna.
Asimismo, se reforzará la independencia del Consejo Fiscal y el principio de mérito y capacidad en la provisión de plazas en la carrera fiscal y se fomentará en particular la independencia de la Fiscalía anticorrupción.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Para ser designado magistrado del Tribunal Constitucional, Ciudadanos quiere que se exijan 25 años de ejercicio profesional, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas la prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos durante los cinco años anteriores a su nombramiento.
El mandato será de doce años y la jubilación se producirá cuando los magistrados cumplan 75 años.
Habrá una renovación parcial cada cuatro años.
Tras el cese, los magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado.
En el caso de los propuestos por el Senado, lo serán por el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas.
Los del poder judicial, lo serán por el presidente del Consejo y del Poder Judicial pero entre magistrados designados en virtud de un concurso convocado al efecto, sin discrecionalidad alguna.
De la misma manera, se establecerá un plazo perentorio para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales.
Este apartado dedicado a la Justicia ha sido trabajado por una comisión de expertos compuesta por los catedráticos de derecho administrativo Francesc de Carreras, Francisco Sosa Wagner, Mercedes Fuertes y Andrés Betancort, y la abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia, Elisa de la Nuez. CONFILEGAL/EP.
PARA SABER MÁS:
