El CGPJ reclama la “COMPATIBILIDAD e INTEGRACIÓN” telemática de los JUZGADOS
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá y el próximo jueves la propuesta de informe al Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia, que permita la «compatibilidad e integración» de los sistemas telemáticos utilizados en las distintas comunidades autónomas.
La ponente del informe, la vocal Victoria Cinto, insiste en que «el desarrollo de este Reglamento se enmarca dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está tramitándose ahora en el Parlamento» y que conllevará el papel cero en la Administración de Justicia a partir del próximo 1 de enero del 2016.
Victoria Cinto puntualiza que «será de aplicación obligatoria para el territorio Ministerio», aunque se deja abierta la posibilidad de que esa «conectividad se extienda a otras Comunidades Autónomas que no tienen un sistema telemático propio. Ahora, solo hay tres comunidades que cuentan con uno: Cataluña, Navarra y Cantabria».
«Con la implantación del papel cero a partir del 1 de enero de 2016, será obligatorio para abogados, procuradores y otros operadores jurídicos presentar sus escritos telemáticamente, no así para las personas físicas, que podrán seguir presentando sus demandas en papel, a través de los decanatos, o hacerlo a través de la sede judicial electrónica«, señala Cinto.
En la «nueva» Administración de Justicia se utilizarán los correos electrónicos, los teléfonos móviles y los SMS de las personas interesadas, partes o testigos para su localización. Además, todos los actos de comunicación se realizarán a través del Servicio de Dirección Electrónica.
El texto del CGPJ considera que el Proyecto de Real Decreto «constituye un paso importante en el proceso de implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia por cuanto sirve de instrumento normativo por el que se desarrolla el régimen de comunicaciones y notificaciones electrónicas, y se enmarca dentro del Plan de Modernización de la Justicia», puntualiza la vocal.
Desde ese punto de vista, y en la medida en que respeta las líneas generales del régimen jurídico establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la propuesta de informe señala que el Proyecto de Real Decreto merece una valoración positiva en cuanto a su objeto y finalidad.
