El CGPJ abre una investigación interna por la «falsa convocatoria» a un puesto de magistrado del TS
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir una «investigación interna oficiosa» por haberse publicado en el BOE la convocatoria a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo que no había sido aprobada en dicha comisión. A la espera de los resultados, se baraja una posible prevaricación, una falsedad en documento público o un simple error.
CARLOS BERBELL.
Fuentes del CGPJ han confirmado a Confilegal que la reunión de la Permanente, celebrada ayer, se tornó muy tensa cuando se abordó el asunto.
Sobre la mesa sus nueve componentes -el presidente Carlos Lesmes, los siete vocales y el secretario general del CGPJ, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó- tenían una imagen del Boletín Oficial del Estado publicado ese mismo día.
En el documento podía leerse con claridad, en el apartado de «Autoridades y Personal. B. Oposiciones y concursos»: «Acuerdo de 22 de octubre de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia».
Dicho acuerdo era inexistente, como se puede comprobar en el documento de 48 páginas, que reúne las decisiones tomadas en ese día por ese órgano decisorio del CGPJ.
¿Qué es lo que había sucedido?
El máximo responsable de los acuerdos tomados, el secretario general -el fedatario público del Consejo-, Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, no supo dar una respuesta convincente.
A él le corresponde el control final de todas las decisiones del Consejo. Sólo él, o el vicesecretario general, José Luis de Benito, tienen acceso a la clave especial que permite enviar al BOE todas las decisiones oficiales del CGPJ. Nadie más. Y así ocurre en todos los organismos oficiales. Son personas concretas las que poseen ese poder.
Todos los presentes en la Comisión Permanente fueron muy conscientes de que lo que había sucedido era gravísimo.
¿Cómo podría explicarse que una decisión que jamás existió fuera enviada al BOE y se publicara 22 días después?
¿Por qué no funcionaron los controles internos?
Las especulaciones, sobre lo sucedido, se han disparado en la carrera judicial.
Los correos electrónicos, los tuits, los whatapps y los sms entre jueces y magistrados de toda España se multiplicaron haciendo múltiples comentarios en torno a lo publicado en el BOE.
No existen precedentes conocidos de ello. Por lo que se ha creado una gran espectación sobre los resultados de la «investigación interna oficiosa» del CGPJ.
Porque si la conclusión es que «alguien» lo envió con conocimiento de causa, a sabiendas de su ilegitimidad, el asunto podría desembocar en un delito de prevaricación, o de falsedad en documento público.
Aunque tampoco se descarta que se haya cometido un error administrativo, porque la convocatoria hubiera estado prevista para su aprobación en ese día.
Una convocatoria que se habría retirado en el último minuto, por los efectos conflictivos que pudiera haber conllevado debido al interés mostrado por algún miembro del CGPJ.
Sea como fuere, la conclusión de todos los asistentes es que tenía que haberse evitado.
Lo sucedido es muy serio, y así se considera dentro del CGPJ, según han confirmado a Confilegal.
Lo que vuelve a poner una incómoda lupa sobre un Consejo cuestionado por la práctica totalidad de las formaciones políticas.
El «error» proyecta una imagen de inoperancia preocupante en un momento en el que el órgano de gobierno de los jueces necesita, precisamente, de todo lo contrario.
La Comisión Permanente acordó también que se enviara, de inmediato, la obligada rectificación al BOE para que se publicara hoy, 24 horas más tarde. Y ordenó que la investigación se hiciera de manera inmediata.
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Son siete días hasta la próxima reunión. Suficientes para conocer lo ocurrido y aclarar responsabilidades.
