Ponentes y asistentes al Congreso #2015 de la Brigada Tuitera.
Brigada Tuitera: «Se puede acabar con la corrupción invirtiendo en Justicia»
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21/11/2015 10:33
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Actualizado: 16/2/2016 22:02
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La Brigada Tuitera lo tiene claro. «Se puede acabar con la corrupción invirtiendo en justicia», afirmó el «general» -y decano del Colegio de Abogados de Cartagena-, José Muelas, uno de los impulsores de este movimiento nacional de juristas y ciudadanos. Una afirmación que repitieron los participantes en el Congreso #2015, organizado por la Brigada, la tarde del viernes en el ICAM.
«Si queréis saber si un partido quiere acabar con la corrupción mirad cuanto dinero tiene previsto invertir en justicia», añadió Muelas. «Decía San Agustín que una nación sin justicia es poco menos que una banda de salteadores. La Justicia tiene que dejar de ser un sector marginal para convertirse en un sector central. Los políticos tienen que entender esto. No puede ser que se invierta anualmente en justicia 1.400 millones de euros y en las diputaciones provinciales 2.400 millones de euros».
Su colega, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, reclamó un «gran pacto para la Justicia», pero no sólo de políticos. «Un gran pacto que involucre a todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia y que establezca un plan, las medidas a implantar en 5, 10 y 15 años, inversión, en medios materiales y humanos, y que sea respetado por todos los partidos, sea quien sea el que gobierne».
Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, por su parte, dijo con toda claridad que «este es un problema que se soluciona con voluntad política. La Justicia es la Cenicienta de los tres poderes. ¿Para qué voy a dar medios al poder que me controla, se dicen el poder ejecutivo y el poder legislativo? Es evidente que no ha habido, hasta ahora, esa voluntad política».
«A mí me gustaría que se dejara de legislar con los pies, que los políticos hablaran con la gente que saben de esto, que repetaran a todos los operadores jurídicos», declaró PIlar López-Guerrero, decana del Colegio de Abogados de Orense, durante su intervención en la mesa «Estado Actual de la Justicia, propuestas a futuro», con el resto de los decanos. En desarrollo del Congreso #T, que se celebró en el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid.
De esa forma, la Brigada Tuitera celebró su 20-N -nada que ver con Franco ni con José Antonio-, de 2012, el día que entró en vigor la reforma de la Ley de Tasas, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que extendió la obligación de pagar tasas a ciudadanos, pymes y ONGs. Aquella decisión fue la chispa que dio aliento al nacimiento de la Brigada Tuitera. Hoy compuesta por más de 15.000 personas de toda España que actúan en red, y que se han convertido en uno de los «lobbies» más influyentes y poderosos de nuestro país en el sector justicia.
Consiguieron su primera gran victoria cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, suprimió las tasas para las personas físicas el pasado 2 de marzo. El mismo Gobierno que las había impuesto, las quitó.
Pero quedaban para pymes y ONGs, que no han olvidado.
Hasta la fecha han conseguido que en cinco parlamentos autonómicos se aprueben proposiciones no de ley rechazando la imposición de las tasas a pymes y ONGs. Y en el andaluz, además, la derogación de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Porque para la Brigada Tuitera el horizonte de la lucha contra las tasas se ha ampliado a la lucha por una justicia #Conmedios, #Independiente, #Eficaz, #Paratodos y #Cercana.
TARDE REIVINDICATIVA
Fue una tarde reivindicativa donde las haya que comenzó con fuertes andanadas de Verónica del Carpio, abogada, profesora de derecho civil e impulsora de la Brigada Tuitera -como no podía ser de otra manera-, en la mesa titulada «Tasas Judiciales»: «Las tasas judiciales no estaban en el programa del Partido Popular de 2011. Como tampoco estaba la reforma del poder judicial, en el sentido que se ha hecho. Prometieron dejar que los jueces eligieran a sus representantes».
Y siguió: «sólo 1 de las 8 normas relacionadas con las tasas ha pasado por el informe preceptivo del Consejo de Estado, y prácticamente todos entraron en vigor al día siguiente»; «Jeremy Bentham decía que las tasas benefician al más poderoso, ¡qué gran verdad!»; «El dinero recaudado por las tasas no se ha destinado a justicia gratuita, como repitió machaconamente Gallardón en su día»; «Se han presentado 7 recursos de inconstitucionalidad contra las tasas, unos contra la reforma de 2012 y los otros con la posterior»; «En esta legislatura se ha reformado 14 veces la Ley Orgánica del Poder Judicial», entre otras.
Su compañero de ponencia, el procurador onubense Enrique Hinojosa, explicó cómo habían conseguido levantar la bandera de la Brigada Tuitera en andalucía, uno de los feudos en los que este movimiento tiene más influencia. Un esfuerzo en el que también ha tenido mucho que ver su amigo, el abogado Jaime Borrego.
Virginia González Granado, antes secretaria judicial de Leganés, Madrid, y hoy letrada de la Administración de Justicia, relató su experiencia por España -incluyendo Cataluña-, en diferentes destinos. «Más propio de una película de Almodóvar que de una justicia que se precie de serlo».
González Granado, que tomó parte en la mesa «Medios en Justicia», ratificó la ausencia de los medios mínimos para sacar adelante su trabajo. «En una ocasión tuvimos que llamar al SAMUR porque un detenido había sufrido una hipotermia en el calabozo. No tenía calefacción. Las cosas sólo se solucionan si existe la amenaza de que se entere la prensa. Entonces, comienzan a moverse las cosas», afirmó. «Ahora lo han arreglado. Somos conscientes de que se da medios a lo que interesa, como la Agencia Tributaria, que tiene los mejores medios materiales. Nosotros nos sentimos abandonados».
Juanjo Carral, el presidente del sindicato CSIF Justicia Madrid -compañero de mesa-, dio datos, desde el punto de vista tecnológico, que pusieron los pelos de punta: «En Madrid hay 249 Juzgados que utilizan el LIBRA, una plataforma que ha dejado de utilizar el Ministerio de Justicia hace más de 10 años. En el resto de los órganos judiciales, unos 266, se ha implantado un programa de gestión procesal desarrollado por la Comunidad de Madrid llamdo GPRO, que convive con el FORTUNY en las fiscalías, OFRE, para registro y reparto, VIPE, en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, REGIS e INFOREG en el Registro Civil, y AGVI para la Agenda de señalamientos que, por cierto, no se usa».
«Las plataformas de gestión procesal no son compatibles entre sí y no comparten información no sólo entre ellos, tampoco con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, instituciones penitenciarias, etc. A nivel nacional hay ocho aplicaciones distintas que no hablan entre ellas», añadió. «La Comunidad de Madrid es la que menos invierte de toda España. La CAM invierte un 0,17 por ciento de su PIB mientras que la media nacional es de un 0,33 por ciento».
LOS JUECES REIVINDICAN SU INDEPENDENCIA
«Es un hecho. Cualquier poder que no esté sometido a límites termina convirtiéndose en un poder salvaje», declaró con rotundidad Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), durante su intervención en la mesa sobre «Independencia judicial».
Para él, cualquier tipo de reforma de la Justicia tiene que pasar por un reforzamiento de la independencia judicail y, en consecuencia, con la reforma en la elección de los vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Bosch (izquierda), que intervino junto a Jesús Manuel Villegas Fernández, juez decano de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia del Poder Judicial, hizo especial hincapié en las recomendaciones del Consejo de Europa (el órgano ideológico de la Unión Europea), que aconseja que, al menos, la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los propios jueces de forma directa y secreta.
Originalmente, en 1980, y hasta 1985, esto fue así. Después se cambió para que los 12 vocales -de los 20 que componen el CGPJ- de procedencia judicial fueran elegidos por el Parlamento, abriendo así al proceso de politización del órgano de gobierno de los jueces.
El portavoz de JpD, y seguidor de la Brigada Tuitera, señaló al Consejo de la Magistratura italiano como un ejemplo a seguir. «Dos terceras partes de sus componentes son elegidos por los propios jueces y el sistema de nombramientos está regulado por una serie de procesos que hace muy difícil que se elija a alguien por interés político», afirmó.
Villegas Fernández fue más incendiario: «Nosotros, los jueces, somos los lacayos y los del CGPJ los señores feudales. El gobierno de los jueces no puede depender del poder político. Hay que democratizarlo. Hay un Consejo que nos gobierna a los jueces y que no hemos elegido y esto tiene que acabarse».
TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS MENOS EL PP
Al Congreso #2015 de la Brigada Tuitera asistieron todos los partidos políticos, menos el Partido Popular, al que dejaron una silla vacía sobre estrados durante la mesa redonda sobre Políticas de Justicia.
Magdalena Valerio, por el PSOE, Andrés Herzog, por UPyD, Olga Sanz, por Frente Popular-Izquierda Unida, Lorena Ruiz, por Podemos, Patricia Reyes, por Ciudadanos, tomaron la palabra para hablar de Justicia.
Entre todos ellos hubo consenso: sí, a un pacto por la Justicia, como el propuesto por la decana Gumpert.
Sobre estas líneas, Lorena Ruiz Huerta, Rafael Cobos (Brigada Tuitera, moderador), Olga Sanz, Andrés Herzog, Patricia Reyes, Magdalena Valerio y Virginia Mate (Brigada Tuitera, moderadora)
Todos ellos se pronunciaron contra las tasas, en contra de las reformas lagislativas del PP y en favor de una justicia con medios e independiente, si bien discreparon, en especial de Patricia Reyes, que defendió -como su jefe, Albert Rivera- la supresión del CGPJ y su sustitución por un presidente y dos letrados. «El resto todo seguiría como ahora», dijo.
Hezog criticó la propuesta de Ciudadanos. «Porque se consigue justo lo contrario de lo que se persigue: politizar más la Justicia. Porque al presidente será elegido por el Congreso por la mayoría del momento. Esa no es la manera. Hay que acabar con la politización de la Justicia. UPyD renunció a un vocal. Nosotros lo tenemos claro: regreso al sistema de 1980. Los doce vocales de procedencia judicial elegidos por sus compañeros».
La diputada autonómica madrileña de Podemos, Ruiz, expuso la opción de su formacion: «El CGPJ debe mantener sus funciones, pero 15 vocales deben ser elegidos por sufragio universal».
Olga Sanz, de Frente Popular-IU, defendió el sistema mixto de su formación: «una parte de los vocales los eligiría el pueblo, una parte los los jueces y otra parte el Parlamento».
Antes que la mesa de los políticos, tuvo lugar una sobre Activismo y justicia, que estuvo compuesta por Ana Garrido, activista social, Víctor Arrogante, profesor y activista, Ángel Dolado, magistrado y juez decano de Zaragoza, Elisa Beni, periodista y escritora, y Alfredo Herránz, abogado de la Brigada Tuitera.
El Congreso #2105 abrió con una intervención de la decana Gumpert y de Ángel López, impulsor de la Brigada Tuitera, y uno de los organizadores principales de este Congreso.
Y llegó a su fin con una divertida intervención de Jaime Borrego, uno de los principales puntales de la Brigada Tuitera en Andalucía.
La arenga final del «general» Muelas.
Y una pegada simbólica de carteles en el propio Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid, donde se produjo la primera chispa que dio la luz a uno de los movimientos sociales y reividicativos más influyentes y activos de España hoy día.
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