Abogados amplían su denuncia a Carme Forcadell ante la fiscal general del Estado, y añaden prevaricación
Los abogados de Madrid y Zaragoza que el pasado viernes presentaron una denuncia contra los cuatro impulsores de la declaración de independencia de Cataluña ahora la han ampliado contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, por los supuestos delitos de provocación para la sedición, pertenencia a grupo criminal y prevaricación.
CARLOS BERBELL.
Para sustanciar su denuncia, los abogados Montserrat Suárez, Manuel Álvarez de Mon, Sofía Maraña y Ricardo Fernández, afirman que la presidenta del Parlament de Cataluña convocó el día 2 de octubre de 2015 a la Junta de Portavoces «para acelerar la tramitación de la propuesta de ruptura con el Estado».
La señora Forcadell, según los denunciantes, utilizó su posición de presidenta para convocar dicho pleno «con la finalidad de acelerar su tramitación a sabiendas de que se trata de una propuesta contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe tramitar propuestas inconstitucionales».
Los abogados adjuntan en la ampliación de esta denuncia ejemplares de «El Diario», «El Mundo», «Abc» y «El País», correspondiente al 3 de noviembre.
A Forcadell la denuncian por los mismos delitos que a Jordi Turull y Marta Rovira (de Junts pel sí) y con Antonio Baños y Anna Gabriel (de la CUP) -provocación para la sedición y pertenencia a grupo criminal (410 y 412 del Código Penal)-, a los que unen un tercero: prevaricación.
«Como bien ha dicho el presidente Rajoy, estamos ante el mayor desafío constitucional de la historia de la democracia», explica la abogada Montserrat Suárez. «Pero no se está haciendo nada. Lo que se pretende es uno de los delitos más graves que se pueden cometer en nuestro país: romper España».
«Nosotros vemos, con claridad, que se está produciendo un delito de sedición. La sola proposición de romper el Estado es un delito en sí», añade Álvarez de Mon, exjuez y exfiscal. «Sobre el segundo delito, la pertenencia a grupo criminal, entendemos que es así porque se han reunido para cometerlo, es decir, conseguir la independencia de Cataluña».
«Sobre el delito de prevaricación, que entendemos que ha cometido la señora Forcadell, desde nuestro punto de vista está claro que no ha cumplido la función de filtro de constitucionalidad que el tribunal de garantías español espera de ella», interviene Suárez. «Como presidenta del Parlament, tenía que haber rechazado la propuesta de Junts pel Sí y de la CUP porque va contra la Constitución».
Ambos abogados consideran que había sido previsible la decisión del Constitucional de permitir el debate sobre la moción independentista en el Parlament, previsto para el 9N. Como también piensan que esto llevará al Gobierno a presentar el recurso consiguiente, que paralizará todo el proceso.
Con su denuncia ante la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, los abogados pretenden ampliar la vía penal, que ya abrió días antes UPyD con una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los cinco.
«Queremos que se aplique la ley. El Estado, España, está dando una imagen de debilidad escandalosa que no hace sino empeorar las cosas. Entendemos que la fiscal general del Estado tiene un cometido claro, que es impedir que ese Estado al que representa. No puede permanecer en silencio mientras se rompe el Estado», añaden ambos.
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