La Abogacía pide NO SANCIONAR a las VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
El Consejo General de la Abogacía Española y su Fundación expresan su máxima preocupación ante la posibilidad de que una mujer víctima de trata de pueda ser denunciada por la policía -como acaba de ocurrir- al amparo del artículo 37.5 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
La Abogacía muestra su preocupación ante hechos como el de que una víctima de explotación sexual en Madrid que fue multada con 600 euros ante la denunicia de la policía en cumplimiento del artículo 37.5 de esta Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «ley mordaza».
En ese artículo se dice que «Realizar en la vía pública actos de provocación sexual mediante la exhibición obscena del cuerpo desnudo y sus partes más íntimas al objeto de captar clientes para ejercer la prostitución con el consiguiente riesgo para la seguridad vial». Y por ello, ha esa víctima de explotación sexual fue denunciada.
Ante estos hechos, la Abogacía sostienen que no se puede «obviar que la mayor parte de las mujeres que están en la calle están captadas por redes de trata con fines de explotación sexual y acarrean una “deuda económica” con sus explotadores. El hecho de que los cuerpos de seguridad interpongan denuncias que llevan implícitas el pago de una multa a una mujer víctima de trata incrementa enormemente su desprotección, su miedo y su “deuda”».
Y señalan que «si el propósito del Gobierno es desarrollar un Plan Integral de lucha contra la trata que incluya, lógicamente, la protección a las víctimas, no se deben amparar bajo ningún precepto actuaciones de este tipo».
La trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual es a día de hoy una de las más grandes lacras de nuestra sociedad por la extrema vulneración de los derechos humanos más básicos que representa. Como abogados, asumimos la responsabilidad social que nos corresponde en defensa de los derechos de las personas que se encuentran más desprotegidas.
Por ello, insisten en que «un problema de tal envergadura requiere la colaboración y el esfuerzo de coordinación de todos los actores implicados, tanto públicos como privados. Pero también, y de forma especial, exige el compromiso y la concienciación de toda la ciudadanía. Nadie debe permanecer impasible ante el régimen de esclavitud y explotación que padecen otras personas».
