6 MILLONES de euros para REFORMAR LA JUSTICIA en las comunidades con competencias transferidas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de un crédito de 6 millones de euros destinado a colaborar en la reforma de la Administración de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia.
El acuerdo aprobado por el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene su origen en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 8 de abril.
Con él, las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita, al impulso de sus herramientas tecnológicas y a la dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de su organización judicial que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
La concesión de este crédito, incluido en los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, viene determinada por diferentes circunstancias, según detalla el Gobierno en un comunicado.
En relación a la justicia gratuita, la aprobación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), que permitió elevar los umbrales de acceso al servicio, supuso un incremento de costes en los gastos de asistencia jurídica en estas comunidades autónomas.
Por comunidades, el mayor porcentaje del crédito se destina a Andalucía, un 24,4 por ciento, un total de 1.466.899 euros.
El resto del dinero se distribuye de la siguiente forma: Aragón (153.607), Asturias (147.808), Canarias (347.594), Cantabria (83.949), Cataluña (1.186.744), Comunidad Valenciana (859.879), Galicia (346.836), La Rioja (39.867), Comunidad de Madrid (1.024.769), Comunidad Foral de Navarra (83.534), y País Vasco (258.513).
Según el Ministerio de Justicia, para realizar el reparto se han tenido en cuenta diferentes criterios como son el número de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita, la población y la relación entre la litigiosidad y la planta judicial. (Confilegal/EP)
