Más de 500 FAMILIAS DE JAEN NO HAN SIDO DESAHUCIADAS gracias a la Oficina de Intermediación Hipotecaria
La Oficina de Intermediación Hipotecaria ha permitido que “más de 500 familias sigan manteniendo sus hogares” desde que en 2012 fuera puesta en marcha por el Colegio de Abogados de Jaén y la Diputación Provincial.
Así se puso de relieve en la rueda de prensa tras la renovación del convenio de colaboración para dar continuidad a este “importante recurso” en la que han participado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, el decano del Colegio de Abogados de esa provincia, Vicente Oya, y la coordinadora de la Oficina, Francisca Rodríguez.
Para ello, según ha precisado Reyes, la Diputación va a realizar un nuevo aporte económico, en este caso de 37.000 euros, de manera que la cantidad que ha entregado al Colegio de Abogados para que funcione esta oficina supera ya los 129.000 euros.
Ha recordado que es la tercera vez que se renueva el acuerdo, lo que pone de manifiesto el “compromiso por dar continuidad a este importante proyecto, que cubre una necesidad social” que exige una “respuesta política como administración pública”, punto en el que ha resaltado que la Diputación jiennense fue “pionera” en este ámbito.
Así, se impulsó este instrumento que permite ofrecer un “servicio público de enorme interés social y de gran necesidad para la ciudadanía debido a la actual coyuntura económica, que ha provocado que muchas familias tengan que enfrentarse a situaciones de gran dificultad y se estén viendo abocadas a abandonar sus viviendas al no poder hacer frente al pago de una hipoteca”.
En este sentido y aunque hay “mensajes basados en cifras macroecónomicas” que dicen que “la crisis es historia”, ha apuntado que “desgracidamente” no es el caso.
De hecho, ha aludido a los datos del Consejo General del Poder Judicial, según el cual sólo en el primer trimestre de 2015 se produjeron en España más de 20.000 ejecuciones hipotecarias, 213 de las cuáles fueron en Jaén, “un 19 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior.
“Estas cifras ponen de manifiesto que las administraciones tenemos que seguir trabajando duro, pegados a una realidad injusta en la inmensa mayoría de las ocasiones, aportando en la medida de nuestras posibilidades soluciones a este problema para ayudar a aquellos que peor lo están pasando”, ha apostillado el presidente de la Corporación provincial.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria es un instrumento público y gratuito que asesora y presta ayuda a los ciudadanos ante “la difícil y desagradable situación que muchos están padeciendo”, ha dicho Reyes, quien ha recordado que hasta marzo de este año “han sido cerca de 690 expedientes, procedentes de 70 municipios, los que han sido tramitados”.
Entre ellos no sólo se encuentran casos de personas que ya han recibido una demanda judicial para abandonar su vivienda, sino también aquellos que prevén que pueden verse desahuciados porque se encuentran en momentos de dificultad económica y necesitan renegociar el abono de la hipoteca con su respectiva entidad bancaria, y personas que tienen la certeza de que están a punto de recibir esa demanda.
De este modo, han habido 58 desahucios paralizados, 50 actuaciones de refinanciación con entidades financieras, 180 acuerdos de alquiler o dación en pago y 70 de nulidad de cláusulas suelo, según ha puesto como ejemplo el presidente de la Diputación, quien ha recordado que la oficina también ofrece un servicio de asistencia jurídica a los emigrantes retornados en materia de tributación por las pensiones devengadas en el extranjero.
La Diputación es la encargada de la gestión de solicitudes y de la recogida de datos de personas y familias a través de los ayuntamientos de la provincia y de los 14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios que tiene repartidos por la provincia, aunque también se puede acudir directamente al Colegio de Abogados, tanto en su sede de la capital como en las de Linares, Andújar y Úbeda.
Posteriormente, los letrados valoran y estudian cada caso, además de negociar con las entidades bancarias una posible solución para que las familias puedan seguir en sus viviendas. “Se realiza, por tanto, un intenso trabajo de intermediación, que ha arrojado desde sus inicios unos resultados altamente satisfactorios”, ha enfatizado Reyes, quien ha abundado en que hasta el pasado marzo han sido casi 690 los expedientes tramitados en 70 municipio y más de 500 familias han conseguido permanecer en sus viviendas.
Por su parte, tanto Oya como Rodríguez han agradecido a la Diputación sus aportaciones económicas que permiten que la oficina funcione. “En mis tres años de decano, esta es una de las iniciativas más satisfactorias que hemos adoptado porque nos permiten ayudar a las personas más necesitadas”, ha dicho el primero.
Ha subrayado que “el 90 por de los expedientes gestionados se ha resuelto favorablemente”, al tiempo que ha apuntado que su objetivo es realizar una “labor preventiva” antes de que pueda darse la demanda judicial, aunque también actúan en caso de que se haya llegado ya a este proceso.
La responsable de este recurso ha incidido en que se trata de un “éxito rotundo” que se debe a que sus impulsores están “perfectamente coordinados” y también al “esfuerzo de los letrados, que han tomado este proyecto como algo suyo”. Junto a ello, ha dicho esperar que su acción pueda verse incrementada gracias a la nueva normativa en la materia, con la denominada Ley de Segunda Oportunidad que “amplía el campo de actuación” al subir también ciertos requisitos.
Rodríguez, que ha dicho esperar también una “mayor sensibilidad de las entidades bancarias” con estas situaciones, se ha referido por ejemplo al aumento hasta mayo de 2017 de la moratoria para lanzamientos o la ampliación del ámbito subjetivo de exclusión, incluyendo a los mayores de 65 años.
Para acceder a los servicios de la Oficina Intermediaria Hipotecaria es necesario cumplir determinadas condiciones como que una unidad familiar con una sola persona no supere los 13.000 euros de ingresos anuales; si son dos miembros, 16.000 o más de dos, 19.000; así como que algún integrante de la familia tenga una discapacidad superior al 33 por ciento o se considere víctima de violencia de género. EP.
