[Editorial] Confilegal no podía permanecer callado ante lo que podría llegar a convertirse en una «policía del pensamiento»
Sobre estas líneas un pantalla de la primera página de la aprobación del "Procedimiento contra la desinformación" contra el que Confilegal ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

[Editorial] Confilegal no podía permanecer callado ante lo que podría llegar a convertirse en una «policía del pensamiento»

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31/12/2020 14:36
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Actualizado: 31/12/2020 15:31
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En 2018 los profesores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, publicaron un libro titulado «Cómo mueren las democracias». The Philadelphia Inquierer lo calificó como el mejor libro político de ese año.

Levitsky y Ziblatt venían a demostrar que las democracias de distintos países del mundo, en estas últimas décadas, habían sido mayoritariamente demolidas no por tradicionales golpes de estado, como el del general Augusto Pinochet en Chile, en 1973, o como el general Mohamed Morsi en Egipto, en 2013, sino por un deslizamiento gradual hacia el autoritarismo basadas en decisiones que, de un modo imperceptible, terminaron por quebrarlas.

Es un proceso lento pero progresivo en el que los miembros de la clase política dejan de tratarse como adversarios para tratarse como enemigos a muerte, en el que se debilitan las defensas institucionales de la democracia, el sistema judicial se ve atacado gravemente, y se trata de controlar a la prensa libre.

A España le ha costado muy esfuerzo y sacrificio gestar y mantener el sistema democrático que disfrutamos todos los españoles a día de hoy. No compartimos en absoluto las críticas y descalificaciones de aquellos que ponen en tela de juicio lo que han dado en llamar despectivamente «el régimen del 78».

Solo desde la ignorancia histórica, o desde el interés partidista se puede opinar así.

Desde Confilegal estamos muy atentos a todos los acontecimientos que pudieran afectar a nuestra democracia, de la que somos rotundos defensores.

Uno de ellos es el llamado «Procedimiento de actuación contra la desinformación» contenida en la Orden PCM/1030/2020, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre y publicado el 5 de noviembre pasado.

El director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), el general Miguel Ángel Ballesteros, aseguró en su presentación, acompañado por el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, y por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Clavo, que el Gobierno no iba a vigilar ni a supervisar a los medios para que cuenten la verdad.

Porque el «Procedimiento» tiene como objetivo detectar posibles campañas de desinformación e informar de ellas a Europa. Campañas que, en general, suelen ser fruto de «injerencias extranjeras».

LAS PALABRAS DEL GENERAL BALLESTEROS NO SE CORRESPONDEN CON EL CONTENIDO DEL «PROCEDIMIENTO»

Desde Confilegal hemos estudiado el texto en profundidad. Opinamos que el supuesto «buenismo» del general Ballesteros no se corresponde con lo que dice el documento. 

Al contrario, lo que entraña precisamente son las semillas de lo que podría llegar a convertirse en una «policía del pensamiento». 

De ahí que hayamos decidido dar el paso y presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelarísima de dicha Orden.

Y su anulación.

Dicho «Procedimiento» supone una supone una «censura previa, grosera e inadmisible, contraria al artículo 20 de la Constitución Española», dice nuestro recurso, articulado legalmente por el despacho Durán & Durán Abogados. 

Una censura que queda explicada de un modo claro en el apartado 2 titulado «Propósitos y objetivos» en la que proclama que las acciones que se fueran a tomar «apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación».

La única autoridad que puede decidir si una información es veraz es un juez. ¿Y completa, oportuna, de fuentes contrastadas? El redactor, o redactores, de este «Procedimiento» parecen desconocer la existencia de la Constitución y de forma precisa, del artículo 20. 

El citado «Procedimiento» no respeta la preeminencia del derecho, es evidente, a diferencia de la Ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia.

Una orden jamás puede introducir restricciones de este tipo a derechos constitucionales como el de la información y la libertad de expresión. Porque, además, vulnera la reserva de Ley Orgánica exigida en el artículo 81 de nuestra carta magna.

EL «PROCEDIMIENTO» MANIPULA DOS ENCUESTAS EUROPEAS PARA JUSTIFICAR SU EXISTENCIA

Pero es que el «Procedimiento» argumenta su existencia en la manipulación de los datos de dos encuestas, el Flash Eurobarometer 464 de 2018, y el Special Eurobarometer 503 de 2020. Lo explicamos muy bien en nuestro recurso.

Y también en el Plan de Acción de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior contra la desinformación de 2018, que se dirige a proteger preferentemente los procesos electorales europeos, así como los nacionales y locales.

De la lectura del «Procedimiento» hemos llegado a la conclusión de que nada tiene que ver con ese Plan de la Comisión Europea, que tiene como principales aliados, para combatir la desinformación y las «fake news», a los medios de comunicación independientes y a los periodistas. 

En el «Procedimiento» español los investigados somos los medios de comunicación independientes y los periodistas.

Y se «justifica» por la necesidad de actuar contra la desinformación en los datos de la crisis del COVID-19.

Visto lo visto, y vivido lo que hemos vivido, con informaciones y contrainformaciones del propio Gobierno, huelga añadir ningún comentario.

Confilegal es un medio serio al que le preocupa la calidad de nuestra democracia. Este «Procedimiento de actuación contra la desinformación» no redunda positivamente en ella. Para nada.

Muy al contrario. Su existencia, por su contenido, tiene el perfil claro y diáfano de ese tipo de decisiones, a las que se refieren los profesores Levitsky y Ziblatt en su libro, que pueden contribuir a quebrar nuestra democracia. 

De ahí que hayamos dado este paso, que ha sido muy meditado, interponiendo nuestro recurso ante la cúspide de la Justicia española, abandonando por una vez nuestro papel de medio de información. La gravedad de su contenido así lo exigía.

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