Sonia Gumpert: «Nosotros nunca vamos a dejar a un ciudadano sin defensa»
Sonia Gumpert (Madrid, 1966) es la primera mujer que ocupa el cargo de decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en los 420 de historia de esta institución. Desde su puesto lucha desde hace dos años por mejorar las condiciones profesionales de los más de 77.000 abogados, más de la mitad de toda España, que pertenecen a este Colegio.
TEXTO: YOLANDA RODRÍGUEZ Y CARLOS BERBELL
Gumpert es también vicepresidenta del Consejo de la Abogacía española (CGAE), órgano que representa a todos los colegios de Abogados de España.
Es especialista en las áreas de Derecho Procesal en los ámbitos Civil, Mercantil y Laboral, particularmente en asuntos con elemento extranjero y aplicación de convenios y normas en derecho internacional privado.
En su cargo de decana ha actuado con decisión y firmeza para afrontar los problemas de una profesión que ha visto mermadas las condiciones del Turno de Oficio y muy limitada la Justicia Gratuita.
La semana pasada se encerraron aquí, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid por un justicia digna ¿Cuáles son sus principales reclamaciones?
En primer lugar pedimos la dignidad del servicio. Y esto implica una atención presupuestaria, económica. Nosotros, desde hace muchos años, venimos reclamando a la Comunidad de Madrid que se atienda a la demanda real del servicio. Que se presupueste cada año conforme a la necesidad y a las cifras del años anterior. Esto no es así, de forma sistemática.
Queremos también que la Comunidad de Madrid establezca los Servicios de Orientación Jurídica, porque se necesitan. Son unos servicios que demanda la ciudadanía, que cumplen una función: ayudan y agilizan la Administración de Justicia. El problema es que como tienen un coste, se suspendieron en 2012.
Estamos empeñados en que la Comunidad incluya la mediación como medida alternativa de resolución de conflictos. Esto agilizaría la resolución de los conflictos de forma más económica. Habría menos pleitos y aliviaría la carga de trabajo de los juzgados.
Ustedes han insistido mucho en que la retribución económica de este servicio no ha sido actualizada ni revisada desde 2003, además de haber sufrido en 2012 una rebaja del 20%. ¿Ese es un límite infranqueable?
Sí, nosotros queremos como mínimo volver a los límites del 2003, antes del recorte del 20 por ciento. Esto es una condición sine qua non.
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«LOS 5.400 ABOGADOS QUE FORMAMOS EL TURNO DE OFICIO EN MADRID NO QUEREMOS QUE, ENCIMA, NOS CUESTE DINERO»
Recientemente, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid, aseguró que ”la retribución que en la actualidad perciben los abogados del turno de oficio es de 2 euros por hora” ¿Cómo es posible?
Se explica porque el abogado está en el Turno de Oficio solo por la función social. Evidentemente, con esas cifras, y aún sumándolas un 20 por ciento, no va a haber una avalancha de abogados del Turno de Oficio.
Sin embargo, esto no es una caridad que presta la abogacía. Es un servicio público que presta la Administración al ciudadano, reconocida en la Constitución. Es un derecho constitucional.
Los 5.400 abogados que formamos el Turno de Oficio en Madrid no queremos que, encima, nos cueste dinero. No queremos que se sigan recortando los pagos y que se sigan poniendo trabas a la gestión del Turno.
Nosotros, los que hacemos Turno de Oficio, nunca dejaremos de hacerlo. Y eso que es nuestra virtud, se convierte también en nuestra debilidad.
La Comunidad sabe que aunque recorte, aunque ponga trabas, nosotros nunca vamos a dejar a un ciudadano sin defensa.
Lo que pretendemos que se visibilice la importancia de esta labor. No es solamente una defensa al ciudadano. Es que nosotros colaboramos con la Administración de Justicia. Nuestra disponibilidad, la prontitud con la que atendemos ese servicio que es de 24 horas, hace que la Justicia funcione menos mal.
«LOS ABOGADOS QUE HAN PRESTADO EL TURNO DE OFICIO ESTÁN SIN COBRAR Y SIN SABER CUÁNDO VAN A COBRAR»
Actualmente, la Comunidad Autónoma de Madrid le debe 5 millones de euros al Colegio de Abogados, ¿puede un Colegio trabajar adecuadamente para sus colegiados con este lastre?
Sí, nos debían 15 millones y acaban de abonarnos el 66 por ciento. Lo que significa que nos deben unos 5 millones de euros todavía. Esto significa que los abogados que han prestado el Turno de Oficio están sin cobrar y sin saber cuándo van a cobrar. Mal está que sólo te paguen dos euros la hora por el servicio, pero está aún peor no saber cuándo te los van a abonar.
¿Cree que no existe por parte de la Comunidad de Madrid voluntad política para resolver este problema?
Hasta ahora no. Entendiendo que la Comunidad tiene que conciliar muchos intereses. En esta gestión, como en nuestra gestión colegial, deberían priorizar cosas. Y, desde luego, la Justicia no se prioriza nunca. Prueba de ello es que desde el 2003 esto está manga por hombro. Sin actualizar, sin revisar… Entiendo que en 12 años se podría haber hecho algo.
La Justicia es un servicio y un derecho que debería ser prioritario para las autoridades. Es también muy importante para el ciudadano porque es la garantía de que sus derechos se van a reconocer.
Esto no solamente pasa con la justicia gratuita, pasa también con la justicia en general.
Desde el Colegio de Abogados de Madrid también se ha criticado que se priorizan cosas como la Ciudad de la Justicia en detrimento, por ejemplo, de los juzgados de Madrid o de la justicia gratuita
La Ciudad de la Justicia me parece un buen proyecto porque tiene muchas bondades, aunque la centralización de los servicios se debería hacer de forma más racional, centralizando los servicios, introduciendo tecnologías, etc. Nosotros estamos conformes con el concepto, pero no con este proyecto, porque no mira hacia una justicia del siglo XXII, en la medida en que se pudiera vislumbrar en el tiempo.
No incluye temas de atención a los ciudadanos en violencia de género. No hay espacios para mediación. Hay unos espacios comunes donde se espera que vaya todo, y eso no puede ser. Hay una falta de visión. Ese proyecto es un proyecto que durará unos 70 años y en ese tiempo las tecnologías pueden haber cambiado muchísimo.
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Tras muchas reivindicaciones se ha conseguido suprimir el tema de las tasas para las personas físicas, pero no para las Pymes. ¿Cómo afecta esto?
Impide el acceso de otros operadores. Afectará, en muchos casos, a las economías domésticas, autónomos, pequeños negocios. Nosotros siempre hemos defendido el modelo de 2003, donde se fijaban unas tasas para las grandes empresas. Ahora una pequeña empresa sí puede dejar de demandar porque le puede costar 1500 euros. Y eso tendría que revisarlo la Ley de Tasas.
Dicho esto, tengo que decir que yo estoy muy contenta con la reforma que se ha hecho porque, aunque era de justicia, hace un año era inimaginable que se diera esa paso atrás. Hay que reconocerle el mérito al ministro Rafael Catalá.
Como decana, ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el Colegio de Abogados de Madrid? ¿Los datos de la última junta señalaron que en las cuentas del Colegio había un superávit de 5 millones de euros?
Sí, pero también es nuestra gran desgracia, se supone que no deberíamos ganar dinero. Aquí en Madrid tenemos 77.000 abogados, más de la mitad de toda España. Nosotros, en estos dos años que llevamos de gestión, lo que hemos hecho ha sido revisar mucho los gastos para reducirlos. Hemos incorporado tecnología, también con el objetivo de reducir el gasto. Hemos redimensionado la plantilla. Nosotros hemos sido muy exigentes en la gestión de los gastos y eso ha dado un resultado.
Ahora lo que queremos hacer es invertir ese dinero en los colegiados. Estamos pensando en algo que les repercuta directamente, o indirectamente, vía patrimonio del Colegio. A mí me gustaría tener para los colegiados un centro de estudios más grande y moderno, con la última tecnología, donde poder desarrollar en las mejores condiciones los cursos que ellos nos demandan.
Cambiando de asunto, la Ley de Colegios Profesionales sigue pendiente. Es posible que no se apruebe en esta legislatura, pero saldrá.
En esta se puede quedar en el cajón pero vendrá. También estamos preparándonos para eso. Eso es un horizonte que se va moviendo según andamos, pero que está ahí.
Nosotros cuando entramos teníamos pendiente la Ley de Servicios y el Servicio Médico. Eran dos grandes retos, porque impactaban directamente en las cuentas del Colegio. Desde un principio trabajamos sobre eso. El servicio médico se solucionó y esto no.
Nuestro objetivo es seguir trabajando en ello, reducir gastos y en la medida en que podamos intentar bajar la cuota colegial. Lo que se trata es de dar el mejor servicio por el menor precio. Como por estatutos no tenemos obligación de dar beneficios, es fenomenal.
El año pasado la bajamos muy poquito porque aprovechamos para incrementar el seguro colegial -que era vergonzoso-. Ofrecimos una pequeña bajada y una mejora del seguro, lo que es una buena gestión.
Eso sí, en el horizonte tenemos que es que nos marcarán en algún momento la cuota colegial. Será este año, el siguiente o dentro de cinco, pero ocurrirá.
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¿Y esa Ley en qué les afectará más?.
En el aspecto deontológico. Si tú el control deontológico se lo das a un tercero, no puede ir bien. Se cuestiona la independencia de la profesión. Y eso es una barbaridad. Yo aquí, en el Colegio, sí me enfrento día a día a mis problemas profesionales, lo que me permite valorar estos problemas y cómo pueden ir cambiando con los tiempos.
Ningún funcionario puede valorar mi trabajo como abogado. Mis problemas cuando salgo a la calle, con los clientes, mis conflictos de interés…. No los pueden valorar. Esas cosas solo se valoran desde la experiencia. Independientemente de lo que diga el ministro Luis de Guindos y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Si de Guindos dice que tira para adelante porque es un problema de economía, porque va a solucionar el PIB (Producto Interior Bruto), pues para él está claro. Porque si ponemos en una balanza el PIB y la deontología sabemos lo que en estos momentos prima. Para él está claro. Yo creo que es un ataque a la profesión.
¿Como decana de más de la mitad de los abogados cómo valora la Justicia?
La Administración de Justicia funciona rematadamente mal. Es lenta, carente de recursos, los funcionarios no están lo suficientemente formados –ellos mismos lo dicen-. Sin embargo, los operadores jurídicos son muy buenos. Tenemos buenos jueces, tenemos buenos fiscales… Lo que ocurre es que tenemos un problema de sobrecarga de trabajo por falta de recursos y de medios.
Hace falta más gente que esté en los juzgados trabajando, que se suplan las bajas, las vacantes…
«ESTOY SEGURA QUE LA JUEZ ALAYA ES TAN LISTA COMO EL JUEZ QUE JUZGÓ A MADOFF. EL PROBLEMA ES QUE AQUÍ NO HAY MEDIOS»
El ministro Rafael Catalá ha anunciado recientemente la creación de 2026 plazas en la Administración de Justicia
Yo no sé si con 2026 plazas será suficiente. El otro día leía una noticia vuestra que decía que Bernard Madoff había sido condenado en 7 meses a 150 años de cárcel en EE.UU., mientras que aquí, en España, el caso Afinsa sería juzgado nueve años después. Eso no puede ser. Y podemos hablar también de la Gürtel, los ERE de Andalucía… Estoy segura que la juez Mercedes Alaya es tan lista como el juez que juzgó a Madoff. El problema es que aquí no hay medios
¿Cree que no se ponen más medios para que la acción de la justicia vaya más lenta?
No puede haber otra explicación. La justicia incide directamente sobre la economía. No es solo que yo, como jurista, educada en la justicia como un valor lo priorizara. La justicia es un elemento que dinamiza la economía. Siempre cuento que casi todos mis clientes son extranjeros y cuando vienen a mi despacho para invertir te hacen dos preguntas: ¿cuáles son las condiciones del mercado laboral? y ¿cuál es la situación de la Justicia?
Si le dices a un alemán que aquí tardas 18 meses en resolver un asunto, se plantea irse a Portugal o a la India.
La justicia lenta, la justicia tardía, favorece al incumplidor, al moroso, al corrupto.
¿Recientemente se ha dicho que con las notificaciones electrónicas se pueden acortar los tiempos?
Las notificaciones no son el único problema. Los retrasos muchas veces se producen porque no tiene agenda el juez. No tiene Sala donde realizar la vista porque está compartiendo Sala con el 22, por ejemplo. Es un problema de señalamientos, no solo de notificaciones.
¿Si se introdujera la instrucción por parte de los fiscales se aligeraría la el proceso?
No lo sé. Creo que no. En España hay muchos menos fiscales que jueces instructores. Si ahora no contratamos jueces y los juzgados están saturados, instruyendo en siete años… ¿Van a poner más fiscales?. Si no tienen dinero para contratar a más jueces se va contratar a más fiscales. Si cinco no pueden con todo el trabajo que existe ahora no van a poder dos. Esto es matemática pura.
Si dicen que los fiscales van a instruir y va a haber un juez de garantías, que va a respectar ese filtro. Los juristas siempre decimos eso de a mí que me enjuicie un juez, por malo que sea.
Si me dicen que se van a crear 3000 mil plazas de fiscales y se van a juzgar las causas rápidamente pues bien. Sin embargo, eso no se ha dicho. Solo se ha dicho que se van a reducir los tiempos y esto no se consigue cambiando las competencias.
