Marcelino Sexmero: “Sería MEJOR EXTENDER la edad de JUBILACIÓN hasta los 75 años y CREAR LAS 450 PLAZAS de jueces que se necesitan”
Los “vitorinos”, como se les conoce en el mundo de la Justicia, son 750. Marcelino Sexmero, juez de instrucción de Madrid, es su portavoz. No rehúye nada ni se escaquea en las respuestas. Su estilo es ir de frente en todo. Sobre la extensión de la jubilación a los 72 años para todos, pide más: “A los 75 años y de forma voluntaria. Pero creando las 450 plazas de jueces que necesitamos».
TEXTO E IMAGEN: CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ
«Lo uno sin lo otro, no», añade.
Marcelino Sexmero tuvo muy claro muy pronto –a los 17 años- que iba a hacer Derecho. Y también que quería ser juez. “Soy un hijo de mi tiempo. Viví la Transición siendo un adolescente. Formo parte de una generación que fue testigo de un gran cambio en nuestro país. Quería contribuir a que nuestro país avanzara”, explica con una sonrisa sincera tras la mesa de su despacho, en el Juzgado de Instrucción 4.
Son casi las tres de la tarde cuando hacemos la entrevista. Acaba de salir de un interrogatorio en sala de esos que a cualquiera le drenarían de energía. A él, no parece faltarle.
Tampoco le agobian los expedientes que se amontonan por buena parte del despacho. Parece tenerlos bien controlados.
“Yo no vengo de una familia de juristas. Mi padre era mecánico y, después, empresario. Quería que yo fuera ingeniero industrial o que hiciera económicas. Pero a mi la vocación me llamó por este lado. No puso impedimento”, revela Sexmero.
Este juez es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). Los “centristas”, los llaman también. Son 750 y la segunda asociación del colectivo de hombres y mujeres que administran justicia todos los días en España.
Sus dos grandes mentores fueron Pablo Cachón -magistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional- y Xavier O’Callaghan –también del Supremo.
“A mí los dos me impresionaron profundamente en la Escuela Judicial por su forma de hablar, por su forma de ver lo que era la carrera judicial”, cuenta.
“Siempre entendí que los todos los jueces tenemos una ideología. Mi asociación, reflejaba precisamente esa voluntad de prescindir de lo ideológico sin renunciar a ello, manteniendo unos valores constitucionales y de respeto a los derechos fundamentales de la persona a la hora de administrar justicia. Por eso me hice de la Francisco de Vitoria”, explica.
La conversación fluye por la actualidad judicial.
«SI NO SOLUCIONAN EL TEMA DE LAS 450 PLAZAS VAN A CREAR UN ENORME TAPÓN EN LA CARRERA JUDICIAL»
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¿Qué opinión le merece la iniciativa que está impulsando el Ministro de Justicia en el Senado, de alargar la edad de jubilación hasta los 72 años, suprimiendo los eméritos?
No está mal ampliar a los 72 años, dependiendo de la salud de cada uno. Pero incluso podría extenderse la edad de jubilación hasta los 75 años en algunos casos, de forma voluntaria. El que se quiera jubilar a los 70 años, que lo haga. Pero creando, al mismo tiempo, al menos las 450 plazas de jueces que se necesitan y se precisan. 450 plazas que son 450 nuevos órganos dotados con medios materiales y personal.
En la actualidad, en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo, esto sucede de forma automática. El que quiere se queda hasta los 75 años como magistrado emérito y el que no, se jubila a los 70.
En el resto de la carrera judicial no sucede así. Se jubilan a los 70 años y si se quieren quedar como eméritos eso no supone una ocupación a tiempo completo y tienen que renunciar a la pensión. Lo que no interesa.
Tampoco es un tema en el cual la AJFV tenga claro la necesidad de prorrogar la jubilación porque también se origina un problema, y es que, a medida que prorrogas la edad de jubilación también impides el progreso y promoción de la carrera. Porque, lógicamente, al final la carrera se hace más vieja, más adulta, frente a los jóvenes que están presionando por entrar.
¿Las 450 plazas tienen que ir unidas a la extensión de la edad de jubilación?
Obligatoriamente. Tenemos un déficit de 450 plazas. En la actualidad hay 300 nuevos jueces que no tienen destino, que están asignados como Jueces de Adscripción Territorial, como jueces en expectativa de destino en apoyo a los JATs, o de refuerzo que, en la realidad, están haciendo de jueces sustitutos.
No vale con que el Gobierno sólo extienda la edad de jubilación a los 72 años sin dar, al mismo tiempo, una solución inmediata a ese problema de las 450 plazas que se precisan para las últimas tres promociones.
Porque si lo hacen van a provocar un enorme tapón en la carrera judicial; nada se va a mover en esos dos años.
Intentando solucionar un problema, van a crear uno mucho mayor.
Sin embargo –corríjanos-, la creación de esas plazas no depende sólo del Ministerio de Justicia sino de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas…
Es cierto. Esas Comunidades Autónomas no tienen dinero, o no tienen voluntad, para crear esas 450 plazas y así estamos.
Este sistema de Administración de Justicia que tenemos no es operativo. No funciona. En esto coincide todo el mundo. No pueden existir tres Administraciones de Justicia: El Ministerio, que manda sobre 5 Comunidades Autónomas, las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces.
Si tuviéramos una sola Administración de Justicia, si estuviera todo centralizado en una, las posibilidades de transformación y reforma serías mayores.
«ESTE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE TENEMOS NO ES OPERATIVO. NO FUNCIONA. EN ESTO COINCIDE TODO EL MUNDO»
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¿Y cómo se hace eso?
Primero, hay que mirar atrás. Ver de dónde venimos. En mi opinión, la voluntad del constituyente en el año 78 fue crear un instrumento de independencia de la Administración de Justicia llamada Consejo General del Poder Judicial, que separaría no solo a los jueces sino a toda la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia.
Como suele ocurrir, no se desarrolló en el propio texto constitucional. Sólo se enumeró y se dejó ahí.
De hecho las funciones del Consejo hasta el del anterior mandato, iban más allá de las que venía en la Carta Magna.
La propia Ley Orgánica de Poder Judicial de 1985 amplió funciones del Consejo que no estaban en la Constitución. El señor Gallardón, y este Gobierno, han regresado casi al texto constitucional, quitando gran parte de esas funciones que poseía el Consejo desde esa fecha.
Creemos que se está violando ese principio constitucional y reivindicamos que, de una vez por todas, las competencias de la Administración de Justicia actual pasen al Consejo General del Poder Judicial.
Que los secretarios judiciales y todos los funcionarios estén bajo su dependencia y autoridad. Que sea el Consejo el que les pague los salarios. También a los jueces. Con independencia de que los medios materiales los pueda servir cada Comunidad Autónoma, pero eso va aparte.
¿También los sistemas informáticos?
No, tendría que haber un solo sistema informático en toda España, que dependiera del Consejo. No puede haber trece y sin posibilidad de interconexión. No cabe en la cabeza de nadie.
¿Estará funcionando el 1 de enero de 2016 la Justicia electrónica que ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá?
Nosotros estamos de acuerdo en que se inicie el proceso de modernización de una vez por todas. Que se establezca el expediente digital. Pero claro el expediente digital tiene que ser eso “ digital”. Escanear demandadas y documentos no es digitalizar.
Esto va a costar mucho dinero. Es incierto, como dicen en el Ministerio de Justicia que eso no tenga impacto presupuestario. El expediente digital cuesta dinero y no solo el propio acto de digitalizar sino porque se necesitan nuevos instrumentos técnicos e informáticos que ahora mismo la Justicia, sobre todo la que está transferida en las Comunidades Autónomas, no tienen.
Por ejemplo, la doble pantalla, proyectores en las salas de vistas, ordenadores más potentes, e incluso podríamos llegar a decir que si se quiere sustituir el papel tendría que haber una conexión a internet, para que el propio juez pudiera acceder desde su casa al expediente digital.
Pero claro la alternativa del Ministerio y las Comunidades Autónomas en esta materia no pasa por esa conexión a internet desde el domicilio del juez, pasa porque te lleves el expediente en un ‘PDF’ en un ‘Cd’ o en un ‘pendrive’ y que te quedes ciego.
«TENDRÍA QUE HABER UN SOLO SISTEMA INFORMÁTICO EN TODA ESPAÑA, QUE DEPENDIERA DEL CONSEJO»
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¿Cuál es el balance que, desde la Francisco de Vitoria, se hace de este Consejo, elegido en diciembre de 2013?
Es de lo más negativo y nefasto que uno se puede imaginar. No podíamos imaginar nada peor hace cuatro años. Se han empeorado las condiciones laborales y de ejercicio de la profesión.
Además, el modelo de Consejo que ha impuesto el Partido Popular, que no tiene nada que ver con el que propuso en las elecciones de 2011, profundiza aún más en la partitocracia y en su dependencia política, haciendo imposible que ni los ciudadanos ni nosotros mismos creamos en su independencia.
El PP prometió que los doce vocales jueces los elegiríamos nosotros, los jueces, con un voto secreto y directo. ¿El resultado? Los eligen ellos, en el Parlamento y sin control alguno por parte de la carrera y de las Asociaciones.
Han creado, además, un Consejo totalmente autoritario. Han puesto, contrariamente a lo que era una tradición, a un presidente por encima del órgano colegiado. Y han creado dos grupos de vocales: los que se enteran, los 5 que conforman la Comisión Permanente junto con el presidente, y los que no se enteran, los 15 restantes. Que cobran dietas por venir a Madrid una vez al mes para tomar parte en los plenos y a los que no se les informa de nada.
Ellos mismos te lo reconocen en privado.
Ese grupo de elegidos, que forman la Permanente, además, no se renueva, con lo cual se incumple la Ley, en este sentido.
Bueno ahora van a compensarlo. En la reforma en curso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, van a ampliar la Permanente a 7 miembros. A esos 5 vocales se van a unir 2 más.
Dos más que serán los que quiera meter el propio presidente y los vocales de la Permanente.
Es más de lo mismo.
¿Ustedes no perciben al Consejo General del Poder Judicial como su órgano representativo?
Menos ahora que antes.
La Francisco de Vitoria ha sido una de las asociaciones que más ha defendido la existencia del Consejo frente a la alternativa de que las competencias las tenga el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, este Consejo todavía ha ido a peor. La situación de alejamiento, ya no solo de la Carrera Judicial sino, de un modo especial, de las asociaciones judiciales, ha sido completo.
No se nos tiene en cuenta absolutamente para nada. En un año y medio sólo hemos tenido dos reuniones de trabajo con ellos, aparte de la protocolaria, que mantuvimos al comienzo del mandato. Y fueron reuniones informativas.
No se nos dice nada. No se nos tiene en cuenta en los documentos que están elaborando, ya sean reglamentos o instrucciones, que tengan como destinatarios a los miembros de la carrera.
Por ejemplo, ahora mismo sabemos que se está trabajando sobre la carga de trabajo y un nuevo baremo. Bueno, pues no nos cuentan nada.
Esta es una gran diferencia con respecto a los anteriores Consejos. Hasta el punto [se ríe con cierta sorna] de que los echamos de menos.
Cuando el anterior Consejo comenzó a elaborar la carga de trabajo, desde el principio estuvimos las asociaciones judiciales, los decanos y los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.
Había participación.
Ahora, no.
La sensación que tenemos es la de que ellos hacen el trabajo y luego, cuando lo han terminado, nos dan traslado para que lo leamos y le demos el visto bueno, sin discutir. Sin la asistencia de la carrera judicial y de las asociaciones es imposible que salga nada positivo.
En lo único que estamos participando de una manera desde el principio, en los trabajos preparatorios para elaborar algún documento, es en el tema del código ético. Quitando eso en particular no tenemos, no participamos para nada y no se nos llama para nada en el Consejo.
«EL CONSEJO NO NOS TIENE EN CUENTA ABSOLUTAMENTE PARA NADA»
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¿Tiene usted la impresión de que, como asociación, les están ninguneando desde el Consejo?
La intención que tiene este Consejo, desde el principio, como antes el señor Gallardón como ministro, es prescindir de las asociaciones judiciales.
Igual que los sindicatos molestan en las relaciones laborales y en las negociaciones de todos los trabajadores, las asociaciones judiciales –que no somos sindicatos- molestamos mucho en las relaciones del Consejo y del Gobierno con la carrera judicial.
Desde el minuto uno de Gallardón en el Ministerio de Justicia y, posteriormente, con Lesmes en el Consejo, un año y medio después, se ha notado perfectamente que se prescinde de nosotros. Que no quieren saber nada de nosotros y que lo que se busca es una relación directa –según dicen ellos- con la carrera.
El problema es que relacionarse directamente con la carrera es imposible. Es un brindis al sol. Es imposible que la carrera se articule organizadamente para dar su opinión.
Cualquier relación directa del Consejo con la carrera pasa por una mera comunicación telemática, diciendo a toda la carrera que digan lo que tengan que decir y/o que aporten sus ideas correspondientes para después no hacer nada con ellas, y sin posibilidad alguna de negociación.
Es un sistema que perpetuará el aislamiento de la carrera del propio Consejo.
También les han recortado las subvenciones, ¿no es así?
Un 25 por ciento.
¿Y puede mantenerse una asociación como la Francisco de Vitoria con eso?
Malamente. Las subvenciones que nos han quedado cubren poco menos que para hacer la asamblea anual. Ya no podemos organizar ni jornadas de formación. Antes hacíamos tres o cuatro al año. Ahora hacemos una, y de milagro.
Somos una asociación de 750 afiliados. Si fuéramos un sindicato con 500.000 afiliados tendríamos músculo económico. Es difícil hacer cosas sin subvención.
¿La supresión de los jueces sustitutos también les ha afectado?
La supresión de los jueces sustitutos de golpe ha causado un perjuicio enorme a la propia carrera judicial.
Su sustitución por los JATs no está funcionando como fue prevista en su creación. Tampoco hay sustituciones voluntarias. Se apunta muy poca gente. Como consecuencia, en el momento en que tienes que hacer tareas de sustitución en otro juzgado lo que haces es suspender lo que tienes en el tuyo. Se produce una sustitución meramente formal.
En el caso de los que trabajamos para las asociaciones, cuando te convocan a algún acto, del tipo que sea, no puedes ir porque tienes señalamientos y vistas.
No se lo puedes encomendar a un compañero por la vía ordinaria, que es la que hay. Por tanto las sustituciones están provocando una verdadera quiebra. Y claro no se te ocurra suspender nada porque te viene el Promotor de Acción Disciplinaria y te abre una investigación.
¿Tiene alguna opinión sobre la eficacia de la nueva figura del Promotor de la Acción Disciplinaria en este año y medio de rodaje?
Sí, que la figura del Promotor es nefasta. Y se lo hemos dicho al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
No entendemos que actúe de oficio, a veces sin ningún tipo de instancia de la Comisión Disciplinaria o de la Permanente.
Además, se está abusando de la apertura de diligencias informativas que suenan siempre, ante la opinión pública, a apertura de expedientes disciplinarios. Aunque en realidad lo que está haciendo es abrir una mera información previa, que antes se hacía por otros medios, como la oficina de atención al ciudadano, cuando había quejas.
Cuando eso ocurría, desde esa oficina el letrado te pedía información, tú se la dabas y si no había nada mal, pues se archivaba. O directamente desde la inspección.
«LA FIGURA DEL PROMOTOR ES NEFASTA. SE LO HEMOS DICHO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL»
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Eso era antes. ¿Y ahora?
Ahora todo eso se ha mezclado y todo se lleva a través del Promotor de la Acción Disciplinaría, con lo cual la imagen que se está dando es que te están abriendo un expediente disciplinario, aunque lo que de verdad están haciendo es pidiéndote una mera información sin ninguna importancia. Y es que el nombre del cargo, impresiona.
Eso produce una situación e verdadera inquietud a la Carrera Judicial, por las consecuencias de esa actuación.
Pongamos un ejemplo clarísimo de esto. El caso de la informática con Indra y la Comunidad de Madrid. Aquello, en otras circunstancias, con otro Consejo, hubieran sido unas meras informativas del Servicio de Inspección, que se hubieran explicado por quien se tuviera que haber justificado. En este caso, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los jueces afectados.
Y ahí se hubiera quedado.
Sin embargo, cuando es el propio Promotor de la Acción Disciplinaria quien pide información, la imagen que se dio, y lo que se reflejó en la opinión pública en aquel momento, es que se les había abierto un expediente a varios compañeros jueces que estaban haciendo la labor. Amparados, nada menos, que por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el propio Consejo anterior, que tenía conocimiento de esta situación.
A varios compañeros y al propio presidente del TSJM. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando esa figura mal. Una figura que, además, se atreve a realizar valoraciones de carácter ético.
Parece como si se estuviera refiriendo a la figura de “un inquisidor” del siglo XVI…
Es que se parece mucho. Al unificar toda la actividad de investigación y de información en una figura como la del Promotor de la Acción Disciplinaria, concentras lo que antes estaba más disperso.
Ahora todo se centraliza en una figura que, por cualquier tontería, te abre una información o un expediente.
La figura, por sí misma, o por su propia existencia, se convierte en un inquisidor general. Es así.
Bueno, alguien habló en el pasado del ‘palo y la zanahoria’…
Es que zanahorias ya no hay. Es verdad que ahora parece que no hay el pasteleo y cambio de cromos, como en el pasado, entre la APM y JpD, por el tema de los nombramientos. Parece que ahora se tiene en cuenta a otras asociaciones y a los no asociados. Es una política de nombramientos más adecuada, pero tampoco es para brindar. Con el paso del tiempo se volverá al cambio de cromos. Seguro.
Dependerá del Gobierno de turno. Si cambia el Gobierno…
Efectivamente, también dependerá de las relaciones de este Consejo, que nace con un Gobierno determinado y con una correa de transmisión determinada. No hay que olvidar que el señor Lesmes fue director general de Justicia con el propio Rafael Catalá, que entonces era secretario de Estado de Justicia con el PP en el año 2003. Con Michavila.
No sabemos como reaccionaría este Consejo con un gobierno que no fuera del PP. Si mantendría esta política o si se abriría, para mejorar las relaciones con los nuevos gobernantes que salgan, si son de distinta procedencia ideológica.
Usted es juez de instrucción. ¿Qué piensa de que instruyan los fiscales en el futuro?
Bueno, en primer lugar, hay que señalar que los fiscales operan bajo el principio de jerarquía y de dependencia del fiscal jefe. Resulta totalmente inapropiado en el sistema español de Justicia.
¿Por qué?, porque se requeriría sin quitar la dependencia, ni limitar la jerarquía, un principio que no existe en el Estatuto Fiscal, que es el de la autonomía, como sí existe en Estados Unidos.
Un fiscal sin autonomía a la hora de instruir no es lo suficientemente independiente como para que haya garantías de llevar una investigación homogénea y concorde con la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, cada vez es más fuerte la corriente de juristas en España que están a favor de que la instrucción la lleven los fiscales. Porque es el sistema que impera en nuestro entorno geográfico…
Bueno, efectivamente la mayor parte de los países europeos ya tiene al fiscal como instructor, pero no deja de ser también menos cierto que en algunos países tan próximos a nosotros, como Francia e Italia, la instrucción en realidad es mixta. Es decir, el fiscal instruye pero también lo hace el juez.
Y en aquellos casos donde se estableció un sistema de instrucción absoluta del fiscal, al estilo alemán, por ejemplo, en el caso de Portugal ya se están arrepintiendo.
La realidad es que la jerarquía del Ministerio Fiscal y la dependencia del Gobierno lo que provoca es una duda sobre la independencia y la imparcialidad de sus investigaciones, y por lo tanto el modelo ha de ser muy cuidadoso.
La autonomía del fiscal para empezar, obliga no sólo a que el Ministerio Público pueda instruir sino que si instruye, tenga la suficiente autonomía para que no pueda ver entorpecida su función por el superior jerárquico y sobre todo por el Gobierno, y en todo caso que un verdadero juez de garantías pueda controlar esa labor.
«LA JERARQUÍA DEL MINISTERIO FISCAL Y LA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO PROVOCA UNA DUDA SOBRE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD DE SUS INVESTIGACIONES»
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Por último, ¿qué opinión le merece la iniciativa del PP y de CiU de introducir esa modificación para que no se puedan tomar imágenes de personas siendo detenidas?
Bueno, sin duda para mí, se trata de una violación clarísima del derecho a la información y de la libertad de información que ejercen los medios de comunicación. Y también del propio derecho a la información de los ciudadanos.
Porque el derecho a la información no pertenece al informador, al periodista sino que pertenece a la ciudadanía, que tiene que ser informada de los asuntos públicos. Para poder elegir a nuestros representantes cuando llegue el momento.
Lógicamente si tú puedes informar por escrito de la detención de un personaje público, ¿por qué no vas a poder poderlo grabar? Por qué diferenciar el ámbito audiovisual de los medios de comunicación del ámbito escrito.
Nuestra jurisprudencia ha sido muy clara cuando ha abordado este asunto, cuando se trata de un personaje de relevancia pública en los casos de las demandas sobre honor e imagen. Si la persona en cuestión es un político, un artista o un cantante, su relevancia cede ante la libertad de información.
